LA MUERTE DE BOBBY SANDS
Como dijimos en breve referencia al tema en nuestra nota de ayer, esto arrojó un baldón indeleble sobre la primera ministra británica Margaret Thatcher. En realidad, la huelga de hambre fue la culminación de una larga lucha emprendida en 1976 por los presos del Ejército Republicano Irlandés (Irish Republican Army, IRA) en el bloque H de la cárcel de máxima seguridad de Long Kesh y en la prisión de mujeres de Armagh, en defensa del estatus de prisioneros políticos y del derecho a vestir sus propias ropas. En el inicio de su protesta se cubrían con mantas para no usar el uniforme carcelario, por lo que se les conocía como «los hombres de las mantas» (blanketmen). Estudios históricos sobre esa época señalan que «la inflexibilidad de la primera ministra británica Margaret Thatcher les negó el derecho a hacer ejercicio, a leer o a usar las instalaciones. La escalada represiva condujo al desafío definitivo: la huelga de hambre».
Esta medida de lucha tenía amplios antecedentes en el republicanismo irlandés (que ya en el siglo anterior había sido objeto de profundos estudios por parte de Marx y Engels). Doce republicanos irlandeses habían muerto en huelga de hambre desde Thomas Aghas en 1917 hasta Frank Stagg en 1976. El que mayor impacto despertó fue el alcalde de Cork, Terence MacSwiney, que murió en prisión tras 74 días de huelga de hambre el 24 de octubre de 1920, en plena guerra de independencia.
En cuanto a Bobby Sands, que era comandante del IRA en la prisión, inició la huelga de hambre el 1º de marzo de 1981. A ella se plegaron varios otros militantes. La huelga tuvo amplísima repercusión social, expresada en manifestaciones multitudinarias y también en las urnas. Las elecciones anticipadas en algunas circunscripciones a ambos lados de la frontera convirtieron a varios presos huelguistas de hambre en miembros del Parlamento; el 9 de abril Bobby Sands fue electo por la localidad de Fermanagh/South Tyrone para el Parlamento británico (Westminster), mientras que Kieran Doherty y Paddy Agnew lo fueron el 11 de junio para Leinster House, el Parlamento de Dublín, capital de la República de Irlanda. Su programa político consistía en apoyar las reivindicaciones de los presos republicanos. Tras 66 días de huelga de hambre, Bobby Sands falleció el 5 de mayo de 1981. Cien mil personas acompañaron el cortejo fúnebre.
Entre esa fecha y el 20 de agosto, murieron por huelga de hambre nueve de sus compañeros: Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Mickey Devine.
Gerry Adams, líder del partido republicano irlandés Sinn Fein (SF), que había conocido las terribles condiciones de reclusión de los presos políticos cuando estuvo en prisión preventiva en Long Kesh en 1978 y que después trabajó en el comité del SF en apoyo a los presos, trazó un paralelo entre aquella huelga de hambre y el gesto de Rosa Parks, la mujer negra estadounidense que se negó a dejar su asiento en el autobús al hombre blanco que se lo reclamó, encendiendo así la mecha de lo que habría de transformarse en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. En sus palabras, la lucha de los huelguistas se había convertido en un combate contra el poder del Estado británico. El estudio citado llega a la siguiente conclusión: «Lo que había sido un intento del gobierno de Londres de criminalizar a los presos del IRA había terminado criminalizando ante los ojos del mundo al gobierno de Margaret Thatcher».
Y fue tanto más así desde que la «dama de hierro», la socia de Ronald Reagan en la aplicación de medidas neoliberales extremas, emprendió al año siguiente la guerra de las Malvinas, con apoyo logístico y de inteligencia de EEUU, contra los derechos soberanos de Argentina en los archipiélagos del sur.
El contraste entre este episodio y el caso Zapata es flagrante. No hay comparación posible. A los presos del IRA se los dejó morir. A Zapata le prodigaron todos los cuidados médicos en un país en el que la atención a la salud de todos los habitantes, sin excepción, es obligación primordial del Estado y se cumple a plenitud. Lo mismo acontece ahora en el caso de Guillermo Fariñas, aunque hay sectores que anhelan precipitar otro desenlace trágico.
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