Los ex funcionarios involucrados en la venta ilegal de armas

Buenos Aires, AFP

 

La situación procesal de los principales ex funcionarios del gobierno del ex presidente de Argentina Carlos Menem (1989/1999), involucrados en la presunta venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, es la siguiente:

Oscar Camilion, ex ministro de Defensa: la Cámara Federal (Apelación) agravó ayer miércoles su situación al considerarlo presunto «partícipe necesario» de las maniobras. Amplió su procesamiento por la falsedad ideológica del decreto 103/95, que autorizó la venta de armas a Venezuela, cuando su destino real fue Ecuador. Ya estaba procesado por presunto encubrimiento y omisión de denuncia. Planteó la nulidad de la elevación a juicio de parte de las actuaciones, pero los camaristas (jueces de la Cámara) rechazaron el pedido.

El veredicto de la víspera señala que «no puede admitirse que haya permanecido ajeno a todos los detalles de las negociaciones (…) menos aun frente a una operación de la magnitud como la que aquí se investiga».

Antonio Erman González, ex ministro de Defensa: fue confirmado su procesamiento por falsedad ideológica en los decretos 1697/91 y 2283/91, que aprobaron exportaciones de armamento a Panamá, cuando el destino real de las armas fue Croacia. «Resulta llamativo» que en un lapso de ocho meses el ex funcionario haya «autorizado cinco ventas de armamento», señaló el tribunal en su dictamen.

Guido Di Tella, ex ministro de Relaciones Exteriores: la Cámara complicó la situación del ex canciller y lo procesó por su presunta «participación en la falsedad de los decretos 1697/91, 2283/91 y 103/95″, que autorizaban la venta de armamentos.

Martín Balza, ex jefe del Ejército: quedó confirmado su procesamiento por malversación de caudales públicos y falsedad ideológica de un convenio entre la fuerza y Fabricaciones Militares (FM). La Cámara se negó a dictar su prisión preventiva, pero le trabó embargo por un millón de pesos (igual dólares) sobre sus bienes.

Luis Eustaquio Sarlenga, ex interventor de FM (dependiente del Ministerio de Defensa): la Cámara lo procesó por asociación ilícita y confirmó su procesamiento por malversación de caudales públicos y falsedad ideológica. Se ordenó embargo por un millón de pesos.

Edberto González de la Vega y Carlos Frankie: ex coroneles del Ejército que quedaron procesados por los mismos delitos que Sarlenga. De la Vega fue director de Coordinación Empresaria de FM, y Franke fue el militar al que Camilión puso al frente de la Fábrica Militar de Río III (provincia de Córdoba, centro), tras una explosión registrada en noviembre de 1995 en ese establecimiento. Ese siniestro está bajo sospecha porque desde allí se habría colectado el material bélico enviado a países en guerra.