Justicia podría investigar a Menem y a Cavallo

Por Isidoro Gilbert – Corresponsal en Argentina

 

Por esto procesó por este delito a cinco ex funcionarios y pidió al juez federal Jorge Urso que indague por asociación ilícita a los ex ministros de Defensa Antonio Erman González y Oscar Camilión, y al ex canciller Guido Di Tella, ya procesados.

En esta durísima resolución faltan dos nombres clave: el ex presidente Carlos Menem y Domingo Felipe Cavallo, ex presidente y ex y actual ministro de Economía. Es lo que resaltó uno de los inculpados: Oscar Camilión.

Así para el tribunal «el origen de las maniobras no habría sido Fabricaciones Militares (FM), sino que las decisiones habrían partido desde niveles superiores del Estado». Con la fórmula acuñada, según los expertos, Urso también podría indagar por presunta asociación ilícita al ex presidente Menem.

Es que entre 1991 y 1995 firmó con sus ministros tres decretos secretos que posibilitaron siete embarques clandestinos a Croacia y tres a Ecuador. Ya está probado que los tres decretos contienen falsedades: decían que las armas iban a Panamá y a Venezuela.

También los jueces instan a Urso a investigar el papel del traficante sirio Monzer Al Kassar y de Emir Yoma, ex cuñado de Menem, así como las rutas que siguió el dinero pagado por croatas y ecuatorianos. La mayoría de las armas –así lo reiteraron los camaristas– pertenecía al Ejército y no a FM.

Por eso se confirmaron los procesamientos del ex jefe del Ejército de Menem, teniente general (r) Martín Balza y del ex subjefe general (r) Raúl Gómez Sabaini, por malversación de efectos del Estado y falsedad ideológica en un convenio oficial, y decidieron que aún no hay mérito para sobreseerlos o procesarlos por asociación ilícita. A Luis Sarlenga, el ex interventor en FM y hombre de confianza de Carlos y del senador nacional Eduardo Menem, le confirmaron el procesamiento por malversación de caudales y pidieron indagarlo como presunto organizador de la asociación ilícita.

Para los camaristas el desarrollo de las maniobras «exigió un prolijo engranaje con múltiples actores que, aprovechándose de los cargos que detentaban, actuaron organizadamente a los fines de concretar eficazmente la maniobra propuesta, tratando de obtener material a exportar, controlando la labor de la Fábrica Militar de Río Tercero y buscando la manera de salvar todos los obstáculos».

Asimismo resultaron procesados, entre otros, los coroneles que revistaban en FM: Carlos Franke –enlace con el Estado Mayor del Ejército–, Edberto González de la Vega (ex director de Coordinación Empresaria) y Jorge Cornejo Torino, ex jefe de la planta de FM en Río Tercero, en la provincia de Córdoba. A esta fábrica se la califica de «verdadero eslabón en la espuria cadena investigada», porque allí se acondicionó y embaló el armamento del Ejército antes de partir a Croacia. La fábrica explotó en noviembre de 1995.

En cuanto a los ex ministros, a Erman González le confirmaron el procesamiento por falsedad ideológica de los decretos presidenciales 1697 y 2283, ambos de 1991. Camilión y Di Tella estaban procesados por asuntos menores. Los jueces sostienen que es increíble que hayan desconocido lo que estaban firmando.

 

Un juez sin salida

Urso no tiene otra alternativa que obedecer a los camaristas y hacer algo que nunca quiso: investigar a Emir Yoma, y las raras transferencias de dinero efectuadas a la curtiembre Yoma SA desde bancos uruguayos.

Se ha armado un nuevo escenario jurídico pero también político. Si en los envíos ilegales de armas existió una asociación ilícita, el juez federal Urso debe busca a los culpables entre los funcionarios de mayor jerarquía, no puede dar vueltas para salvarlos.

La resolución que firmaron los tres camaristas sostiene lo que ya afirmó el fiscal federal Carlos Stornelli: hubo una asociación ilícita, figura que Urso no aceptó y que ahora deberá imputarles a los ex ministros Erman González, Camilión y Di Tella.

Ahora bien como está incluido Balza, éste habría quedado prácticamente como jefe de una asociación que actuó gracias a tres firmas de Menem en otros tantos decretos. No cierra. «El general debería contar la verdad, dejar de proteger a alguien», comentó a este diario una fuente familiarizada con el caso.

¿Y Domingo Cavallo, que firmó todos los decretos?