ARABES Y JUDIOS JUNTOS EN JERUSALEN

Entre los participantes había numerosos militantes de Hadash (Frente Democrático por la Paz y la Igualdad ­ Partido Comunista de Israel), en cuyo nombre uno de los oradores fue el parlamentario Dov Khenin. Este manifestó: «Hemos venido a decir alto y claro que la ocupación pone en peligro la democracia y destruye la sociedad. No, no se dio por vencido el sueño de los dos pueblos que viven en este país. No renunciaremos al sueño de dos estados para dos pueblos y de luchar por la paz y la democracia». Advirtió que las colonias judías que se instalan en Jerusalén Este desalojando a los palestinos «tienen por objetivo impedir que se alcance la paz». Habló luego el también miembro de la Knesset (MK) Mossi Raz, quien dijo que «esta fue la mayor demostración conjunta de judíos y palestinos en la última década». Los manifestantes se concentraron en un campo de fútbol del barrio y luego marcharon hacia la tumba de Simón el Justo.

A lo largo de los últimos seis meses, grupos de activistas por la paz han estado manifestando cada viernes en Jerusalén Este en protesta por la instalación de nuevas colonias judías y el desalojo de familias palestinas de los lugares que ocupan, en muchos casos por una larga tradición familiar. Estos desalojos han dado lugar a manifestaciones de protesta, reprimidas por la Policía. La semana pasada se solicitó a la Policía de Jerusalén autorización para llevar a cabo una gran concentración cerca de una de las casas de las cuales se apoderaron los colonos judíos, para mostrar solidaridad con los desalojados. La autorización fue denegada, en cambio se permitió realizar un mitin en una cancha de fútbol situada a 300 metros de la vivienda. El campo está rodeado por un muro, no puede verse desde el exterior y está separado del área cercana a la casa que era el centro de la protesta. Los jueces del Tribunal Supremo fueron sumamente críticos con la decisión de la Policía de Jerusalén. Su presidente, Dorit Beinish, dijo durante las deliberaciones que «la policía (de Jerusalén) está llevando el derecho de manifestación a un retroceso de 30 años».

Estos hechos tuvieron antecedentes en los días previos. El alcalde de Jerusalén proyecta poner en marcha un proyecto arqueológico que amenaza con la destrucción de decenas de casas palestinas en el Este de la ciudad, que se sumarían a las que ya han sido desalojadas de sus ocupantes palestinos. Este proyecto ha sido objeto de durísimas críticas de parte de los palestinos y de ciertos sectores de la propia sociedad israelí, y por el momento ha quedado detenido. Pero el propio primer ministro, Benyamin Netanyahu, ha sacado a relucir otro proyecto por el cual declara patrimonio cultural de Israel la mezquita de los Patriarcas de Hebrón (mezquita de Ibrahim para los musulmanes) y la tumba de Raquel (mezquita Bilal ben Rabah) de Belén. Todo está incluido en el plan general del gobierno de Israel de ir reduciendo al mínimo al Estado palestino mediante una política de hechos consumados, lo que se expresa también en la construcción del muro del «apartheid», que penetra profundamente en territorio cisjordano y lo despoja de porciones considerables de su territorio y de sus fuentes de agua. Estos hechos consumados se pretenden precipitar antes de la llegada de la misión del vicepresidente estadounidense Joe Biden y su enviado para Oriente Medio, George Mitchell, en apariencia para reanudar el maltrecho proceso de diálogo. La decisión de Netanyahu desató incidentes violentos el domingo 28 de febrero en la Explanada de las Mezquitas y en barrios palestinos (que Israel considera territorios conquistados en la guerra de 1967), los que se renovaron en mayor grado el viernes pasado, con decenas de heridos, entre ellos 10 palestinos por disparos de balas de goma y una quincena por gases lacrimógenos.

Estos hechos trascienden también a organismos internacionales. Desde el 1º de marzo está reunido en Barcelona el Tribunal Russell (que los uruguayos conocemos por su actuación en la época de la dictadura, ya que en su seno expuso Zelmar Michelini) para examinar la violación de los derechos humanos en Palestina y la discriminación racial en Jerusalén Este, y a la vez la complicidad de la Unión Europea y sus estados miembros con estos hechos.