LA NUEVA FARSA HONDUREÑA

Esta caracterización corresponde al presidente constitucional Manuel Zelaya en un comunicado emitido el 6 de enero desde la Embajada de Brasil, donde está refugiado desde el 21 de setiembre pasado.

Aunque parezca una broma cínica, el fiscal general de Honduras, Luis Alberto Rubí, solicitó el miércoles 6 a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura contra la cúpula militar por «abuso de autoridad y la expatriación» de Zelaya, así como la toma de declaraciones a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el general Romeo Vásquez Velásquez (jefe de los motineros) y compuesta por los oficiales Venancio Cervantes, Miguel Angel García, Luis Javier Prince, Juan Pablo Rodríguez y Carlos Cuéllar. El pleno de la Corte decidirá en los tres días siguientes si acepta el requerimiento y, en su caso, nombrará a un juez que decida sobre la orden de captura. Según le dijo a la BBC el vocero de la Fiscalía, Melvin Duarte, el Ministerio Público pide la captura de estos militares «por desobedecer la orden emitida por un juez de poner a Zelaya a la orden de la autoridad competente, pero también por emitir una orden de expatriación (a Costa Rica), un delito de acuerdo a la Constitución y al Código Penal del país». La petición se refiere exclusivamente a lo ocurrido el 28 de junio, y no a los hechos sobrevenidos en los 6 meses subsiguientes hasta hoy. La acción del fiscal coincide con la presencia en Tegucigalpa del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly aunque, desde luego, el Ministerio Público negó cualquier relación entre ambos hechos.

El presidente Zelaya dijo que se trata de una estratagema del fiscal de Estado, que tiene tanta responsabilidad como los militares golpistas, y que para lograr la impunidad de los mismos omite acusarlos por los gravísimos delitos que han cometido, a saber: traición a la patria, asesinatos, violaciones sistemáticas de los DDHH, torturas y detenciones, clausura de medios de comunicación, etc. «Es un fraude procesal para avalar la impunidad de los golpistas, preparado por las mismas personas e instituciones que rompieron el orden democrático y hoy pretenden lavarse las manos como Poncio Pilatos», resume. Y recuerda la verdad de lo sucedido el 28 de junio: «Ese día los militares asaltaron mi casa a balazos, me secuestraron y me desterraron hacia Costa Rica, el Congreso Nacional falsificó mi renuncia y en un abuso de poder emitió un decreto ilegal donde me «separa del cargo» de Presidente Constitucional sin facultades constitucionales para hacerlo, al igual que la orden de captura emitida posteriormente por la Corte Suprema de Justicia en complicidad con el Fiscal sin tener yo ninguna demanda en contra y sin ser citado a ningún tribunal ni a juicio. Esto ha sido condenado y tipificado por todos los gobiernos y juristas del mundo como ‘ruptura violenta y sorpresiva del orden democrático’ y como ‘golpe de estado militar'».

La conclusión irrebatible es que la petición a la Corte «servirá para poner un manto sobre los hechos que ocurrieron el 28 de junio».

También el Frente Nacional de Resistencia ha salido nuevamente a la palestra y señala en su comunicado Nº 44: «Rechazamos los planes de la dictadura de aprobar una amnistía con la que se perdonarían a sí mismos por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe de Estado», los que son imprescriptibles.

A la vez, el comunicado repudia las medidas económicas impulsadas por la oligarquía gobernante contra el pueblo en su intento de destruir las conquistas sociales alcanzadas bajo el gobierno de Zelaya. Se aumentaron las tarifas del agua, los precios de la canasta básica, se vaciaron las reservas internacionales y los ahorros de las empresas estatales como la ENEE u Hondutel, se modificaron los precios de los combustibles para beneficiar a las empresas transnacionales y se realizan contratos a favor de los empresarios implicados en el golpe. El gobierno de facto se apresta a retirar a Honduras del ALBA y al mismo tiempo planifica medidas para reducir el salario mínimo, derogar el estatuto del docente, cancelar la matrícula escolar gratuita, devaluar el lempira y privatizar las empresas estatales y los fondos de pensión de los empleados públicos. Una ofensiva reaccionaria en toda la línea.