Breves internacionales
El Gobierno boliviano tomó posesión ayer jueves de unas 3.000 hectáreas de tierras, de propiedad de un rico banquero y dueño del canal de televisión Unitel, el principal medio opositor, siendo éste el segundo caso en menos de una semana, según informó una fuente oficial.
Una nueva encuesta, esta vez de la cadena televisiva NCB, mostró que la reforma del sistema de salud impulsada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alcanzó un nuevo piso de popularidad, con solamente un 32% de los norteamericanos en favor del proyecto.
El Congreso de Diputados español, tras meses de polémicas, aprobó ayer por amplia mayoría el proyecto de ley de despenalización del aborto impulsado por el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que se oponen los obispos católicos, movimientos llamados «pro-vida» y la derecha política local.
La Cámara de Diputados brasileña aprobó el proyecto del presidente Luiz Lula da Silva para incrementar en 10.000 millones de dólares el aporte al Fondo Monetario Internacional, lo cual, según el gobierno, dará más peso a Brasil en ese organismo.
El año 2009 batió récords de periodistas asesinados, con 68 muertos en todo el mundo, incluyendo la matanza de 31 informadores en Filipinas, anunció ayer jueves el Comité de Protección de los Periodistas.
El ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, reclamó al gobierno de Venezuela que detenga y extradite a su país a los integrantes de las FARC que -según él- se encuentran en territorio de esa nación.
Vanguardia Colorada, un importante sector interno del Partido Colorado, que hasta el momento se mantenía distante de la idea de un juicio político al presidente Fernando Lugo, cambió de postura y se suma a quienes propician dicha iniciativa.
Las acusaciones mutuas de asesinatos entre el régimen de facto de Roberto Micheletti y la Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras dificultan la reconciliación exigida por la comunidad internacional para ayudar al nuevo gobierno conservador de Porfirio Lobo.
Las pugnas políticas que mantienen estancadas las sesiones extraordinarias en el Congreso de Guatemala alejan la aprobación de una reforma fiscal, que se viene intentando desde hace más de dos décadas y media sin éxito por el rechazo de sectores económicos.
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