Cavallo todavía no consigue los "poderes especiales"

Pero que, como se ha visto, no ha bloqueado esa posibilidad abriendo una crisis política y económica gravísima que llevó a Cavallo a convertirse en la figura indiscutible para Fernando de la Rúa.

Sin embargo, el Parlamento no pudo aprobar ayer domingo la última fase de la ley de compatibilidad que debe otorgarle al presidente, en rigor a Cavallo, la delegación de facultades constitucionales para poder llevar adelante lo que él afirma será un plan de crecimiento, pero que otros suponen es sólo un nuevo gran ajuste para calmar a los acreedores externos y modificar básicamente las condiciones laborales de los trabajadores, de los empleados públicos en especial.

Anoche la Cámara de Diputados inició el debate con penurias porque el bloque de la Alianza está fracturado, al menos en este tema. En verdad, es el Frepaso de Carlos Chacho Alvarez el que está virtualmente partido en dos, con el peligro de que entre 12 y 15 legisladores peguen un portazo y hagan rancho aparte, como ya lo hicieron los cuatro diputados del socialismo democrático.

En el radicalismo las dificultades son menores, pero de mayor repercusión. Si bien únicamente dos legisladores han dicho que no quieren otorgar poderes especiales a Cavallo, una es la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Elisa Carrió, famosa aquí y en el extranjero por haber denunciado a los banqueros vinculados al menemismo como lavadores de dinero.

¿Traidores a la patria?

Carrió afirmó que los diputados que voten la cesión de poderes a Cavallo (o al presidente) pueden caer en el anatema de «infames traidores a la patria», como lo expresa el artículo 29 de la Constitución Nacional y dijo que llamará a un fiscal para que siga las sesiones, a fin de acompañar a su denuncia ante los tribunales.

El gobierno sostiene que la ley de competitividad está cubierta por el artículo 76 de la carta magna que habilita al Parlamento a cederle poderes de las dos cámaras. Seguramente que desde el punto de vista jurídico es un asunto controvertible.

Los enfrentamientos también están en el justicialismo, partido en diversas fracciones frente a esta norma. De boca para afuera las autoridades del bloque dicen que darán colaboración al oficialismo para conseguir los dos tercios necesarios que habiliten el tratamiento sobre tablas del proyecto que cede facultades especiales al Ejecutivo.

Pero con razones obvias esperaron que el oficialismo, es decir la Alianza, ponga al menos un número cercano al quórum en el recinto para acompañarlo en la legalidad formal, aunque la mayoría de sus integrantes no quiere votar los poderes. Los únicos entusiasmados con hacerlos son una decena de diputados del menemismo puro.

El proyecto concede la sesión de los poderes pero promete excluir la posibilidad de privatizar empresas públicas, entidades financieras, la AFIP (Aduana y DGI), entes reguladores y arancelar las universidades. Además, inhibe al Estado para despedir empleados o rebajar salarios.

Pero no lo cree así un número apreciable de diputados que afirman que los artículos de la ley en debate esconden poderes para reformar convenios laborales y despedir a agentes de la administración pública y, sobre todo, enajena para el futuro riquezas a favor de los acreedores y puede afectar la obra social de los jubilados: el PAMI.

Un Parlamento dividido transversalmente

Estaba previsto que ayer no solamente los diputados sino los senadores aprobarían los artículos faltantes para que hoy los mercados reaccionaran con júbilo frente a la fortaleza del ministro de Economía.

Los diez primeros artículos que ya están promulgados, en lo fundamental obligan a los ciudadanos a pagar un impuesto por cada movimiento con cheques que se generalizará porque para toda operación mayor a los mil dólares deberá hacerse por ese instrumento o por tarjeta de crédito, a fin de bancarizar aun más el sistema financiero.

Se calcula que el gobierno podría recaudar un mínimo de 6.000 millones de dólares por este camino. Pero igualmente, Cavallo busca los poderes para poner mano en el sistema de jubilaciones y en la reorganización del Estado.

Los peronistas adhirieron porque habrá un control del Parlamento porque, si no, «habría que cerrar» el Congreso. «La delegación, que está prevista en el artículo 76, tiene un límite que es el artículo 29 pero, además, debe estar limitado el tiempo (por el cual se otorgan los poderes) y tener el control parlamentario», explicó el senador José Luis Gioja, titular del bloque de senadores peronistas, quien agregó que «va a haber un anexo» en la ley donde se va a aclarar que «tanto echar empleados públicos como bajar el sueldo no está contemplado», así como tampoco la privatización del Banco Nación.

El senador del Frepaso Pedro del Piero ratificó estos conceptos y sostuvo que la Cámara Alta «ha consensuado» una «Ley de Competitividad 2″, y que la misma contiene «limitaciones» hacia el ministro Cavallo. En ese sentido, el senador frepasista precisó que así «se evitaría dar al Poder Ejecutivo, al Presidente y al gabinete lo que parece un cheque en blanco, pero en realidad se le está diciendo: «Usted va a poder legislar como si fuera el Congreso en estos puntos y con estas limitaciones».

Ya se ve que no todos opinan así. De la Rúa ha dicho que él es garante de que se evitarán excesos, pero tampoco conforma ese juramento. Cavallo ha insinuado que se iría del gobierno si los poderes no le son concedidos o diluidos. Así estaban anoche las cosas.