Corte Suprema examina pena de muerte a retardados

La Corte Suprema examinará esta semana el tema de la ejecución de criminales con retardo mental, un método aún vigente en Estados Unidos a pesar de una creciente controversia sobre esta práctica, condenada por la opinión pública estadounidense y contraria a las normas internacionales.

Al menos 35 personas con retraso mental fueron ejecutadas en el país desde 1984, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC). Se estima que el número de condenados que esperan en el «corredor de la muerte» es de entre 200 y 300.

De los 38 estados que cuentan con la pena de muerte en su código penal desde su restablecimiento en 1976, 25 continúan practicando las ejecuciones de retrasados mentales.

«Estados Unidos podría ser la única democracia constitucional, cuyas leyes autorizan expresamente la ejecución de personas cuyo aprendizaje se haya visto limitado por retraso mental», afirma Jamie Fellner, abogado de la organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW).

«A raíz de su atraso mental, estos hombres y estas mujeres no pueden comprender plenamente lo que hicieron mal y muchos no pueden incluso comprender el castigo que se les impone», continúa Fellner, quien considera esta práctica de «bárbara».

El retraso mental está generalmente definido a partir de un índice de coeficiente intelectual inferior a 70 (el promedio es de 100), lo que representa la edad mental de un niño de siete a ocho años. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual reducido y aptitudes limitadas en diversos temas (comunicación, higiene, trabajo, responsabilidad social, independencia personal, etc.).

«Las personas que sufren de retraso mental pueden llegar a tener un comportamiento criminal por el escaso control de sus impulsos, su dificultad de pensar a largo plazo y a predecir consecuencias de sus actos o a enfrentar situaciones estresantes o con mucha carga emocional», señala Ruth Luckasson, jurista en la Universidad de Nuevo México.

En el transcurso de los próximos meses, tres recursos serán examinados por la Corte Suprema, entre ellos, a partir de este martes, el de John Paul Penry, un retrasado analfabeto de 44 años, condenado en 1981 por la violación y muerte de una adolescente.

La Corte Suprema se pronunció sobre este tema por última vez en 1989. En ese entonces, los nueve jueces concluyeron en que la ejecución de un retrasado mental no iba en contra de la Constitución, estimando que, en el veredicto, el retraso mental debía ser tomado en cuenta por los jueces como una posible circunstancia atenuante.