Colombia está al borde de la conmoción interna
Bogotá, ANSA
El gobierno colombiano, que se debate entre acusaciones y descargos sobre el respeto a los derechos humanos, anunció ayer que se está buscando diversos mecanismos de la legislación regular para un intercambio humanitario de retenidos y presos, antes de aplicar el «estado de conmoción interna», que otorga facultades constitucionales para gobernar bajo una legislación de guerra.
El presidente Andrés Pastrana explicó que se continúa trabajando para lograr acuerdos que permitan «humanizar» el conflicto armado en Colombia, pero no descartó la posibilidad de recurrir a una fórmula extrema de imponer una legislación de guerra para lograr el intercambio de militares y policías retenidos por la guerrilla y rebeldes de las FARC, que se encuentran detenidos en cárceles del Estado.
«Creo que en estos momentos es fundamental, así nos lo están pidiendo los colombianos y así lo está pidiendo el gobierno, llegar muy rápidamente a formular acuerdos humanitarios entre las partes en conflicto en Colombia…», manifestó Pastrana, poco antes de iniciar su viaje a Venezuela, donde se reunirá con el presidente Hugo Chávez.
«Esta es la manera de humanizar el conflicto, es la manera de excluir a la población civil, es la manera de respetar las normas del derecho internacional; sobre este tema es que estamos trabajando, haciendo un análisis muy concienzudo de las normas, de los mecanismos y de quienes pueden ser sujetos de que sean aplicadas esas normas dentro del derecho humanitario», agregó. Al solicitársele al jefe de Estado una opinión sobre la posición de los militares frente al intercambio de carácter humanitario, respondió que está estudiándola, pero a la vez recordó que él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
También hizo hincapié en la necesidad de los acuerdos humanitarios entre las partes en conflicto, explicando que esto permitirá mejorar los índices de respeto a los derechos humanos.
El intercambio de parte de más de 500 miembros de la Fuerza Pública en poder de la guerrilla por rebeldes presos en cárceles del Estado ha tenido, por diferentes razones, varios aplazamientos en los últimos seis meses.
Los militares no están de acuerdo y así se lo expresaron en un informe al presidente Pastrana. El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya, sugirió el jueves que «alguien debe declarar que estamos en guerra para (así) proteger al más inocente en el conflicto: la población civil.» El procurador, que vigila y sanciona a los empleados públicos, incluyendo a la fuerza pública, considera que las facultades extraordinarias que le otorga al presidente el estado de conmoción interna, le permiten remover los obstáculos que estancan el desarrollo del actual proceso de paz.
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