LAS BASES YANKIS EN COLOMBIA

El documento fue firmado el viernes 30 de octubre por el canciller colombiano Jaime Bermúdez y el embajador estadounidense en Colombia, William Brownfield, en un acto privado que se cumplió en la Cancillería en Bogotá. El texto no fue conocido ni debatido por el Parlamento. Es más: el Consejo de Estado, que entiende en estas materias, dijo que el tratado debía pasar necesariamente por el Parlamento, pero Uribe desconoció su pronunciamiento expreso y proyecta ponerlo en vigencia de inmediato, desoyendo las voces de rechazo que se alzan en su país y en toda América Latina.

Esto no es nuevo. Resonó con fuerza en la reunión de la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) efectuada en Bariloche el 28 de agosto pasado. Los países de la región se pronunciaron, en forma unánime, contra las bases militares norteamericanas en Colombia y reclamaron al presidente Uribe, que quedó totalmente aislado, que exhibiera los documentos correspondientes. No lo hizo, y sigue en la misma actitud ahora, pretendiendo imponer una política de hechos consumados. En dicha reunión, el presidente Chávez mostró un documento conteniendo directivas del Comando de movilidad aérea de las Fuerzas Aéreas de EEUU, que establecen normas para operaciones de todo tipo (y no sólo contra el narcotráfico, socorrido pretexto al que se vuelve a apelar) desde bases militares en un radio de acción que abarca prácticamente a todo el continente e incluso se proyecta al Africa. Y que está amenazando por ende a un conjunto de países sureños, destacándose su proximidad con grandes centros económicos vinculados a la riqueza petrolera, a la biodiversidad amazónica y a las reservas acuíferas. El presidente venezolano leyó además un fragmento de ese texto, realmente revelador, que dice: «Recientemente, el Comando Sur ha tomado interés en localizar una localidad en América del Sur que pudiera utilizarse tanto para operaciones antidrogas como de movilidad, y para ello se ha identificado la localidad de Palanquero como una localidad segura para esta cooperación».

Precisamente, la base de Palanquero es el centro del dispositivo que, según el tratado, se pone a disposición de las fuerzas armadas yankis, y está complementado por las bases navales de Malambo y Cartagena, así como la de Málaga en el Pacífico, y las instalaciones militares de Larandia, Tolemaida y Apiay, todo lo cual proporcionaría a EEUU una nueva arquitectura para afianzar su poder militar a lo extenso de la región. El embajador norteamericano Bownfield, que ha tomado a su cargo la defensa pública del tratado, señaló la trascendencia de la base de Palanquero, donde según él, hasta ahora las tropas de EEUU no han actuado, a diferencia de lo que ocurre en las seis restantes. Uribe, que le hace eco desde la retaguardia, dice que se hizo «una gran tormenta en una pequeña taza de té».

De esta suerte pretendían replicar ambos tanto al conjunto de los presidentes de América del Sur que se habían expresado en forma contundente en la citada reunión de Bariloche, como a las manifestaciones recientes de los presidentes Chávez, Morales y Correa, en particular, que consideran este tratado como un acto de agresión contra sus países y en general contra los gobiernos progresistas de América Latina. De esto hay antecedentes sobrados. Entre ellos, la invasión de tropas colombianas, con asesoramiento logístico y de inteligencia de EEUU, en la región fronteriza ecuatoriana de Sucumbíos el 1º de marzo de 2008; y el espionaje de elementos del DAS colombiano ahora en Venezuela, los cuales han sido capturados con planes de desestabilización contra Venezuela (Plan Falcon), contra Ecuador (Plan Salomón) y contra Cuba (Plan Fénix), según denunció con las pruebas documentales en la mano el ministro venezolano para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami.

Y está además todo el gran tema de la inmunidad para las tropas yankis que operarán en Colombia y también podrán hacerlo (aunque lo nieguen) en países vecinos, y que comprenden, para empezar, por lo menos 1.400 soldados estadounidenses, 800 de manera directa y otros 600 en condición de contratistas. Muchos de ellos, dicho sea de paso, ya participan en el conflicto interno de Colombia. Recuérdense los tres militares de la CIA que fueron liberados en el operativo con Ingrid Betancourt y que de inmediato desaparecieron del mapa.