La discusión paralizada

Ciudad de México, ANSA

 

Aunque el período de deliberaciones se extenderá hasta el último día de abril, el parlamento bicameral mexicano dispondrá de apenas 20 días efectivos para discutir esta iniciativa y otras de similar envergadura.

Las discrepancias surgidas en torno a la dinámica de la discusión de la ley indígena hacen temer que su debate quede opacado frente a otros dos temas fundamentales: la reforma fiscal y las enmiendas para permitir la inversión privada en el sector eléctrico.

El momentáneo estancamiento se deriva de los desacuerdos entre la guerrilla y algunos de los parlamentarios de entre los 500 miembros de la Cámara Baja y 128 del Senado.

El martes los rebeldes anunciaron su rechazo a la propuesta de que las primeras negociaciones se realizaran sólo entre 20 legisladores y los 24 zapatistas arribados a la capital mexicana el domingo tras una marcha de 3.000 kilómetros iniciada el 24 de febrero en el sureño estado de Chiapas.

El líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), subcomandante Marcos, dijo que los rebeldes sólo aceptarán hablar con todos los legisladores y que se les permita comparecer ante el pleno del Congreso.

Los rebeldes calificaron de «indigna, ridícula y humillante» la propuesta.

Además, Marcos pidió a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), un comité que colabora en el proceso de paz, que de un paso al costado a fin de que los zapatistas dialoguen de manera directa con las bancadas de los seis partidos con representación parlamentaria.

En tanto, los legisladores cruzaron acusaciones y críticas respecto de la posición zapatista.

Así, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jaime Martínez Veloz, miembro de la Cocopa, acusó a dos correligionarios –los senadores Manuel Bartlett y Enrique Jackson y a otro del gobernante Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha)–, de «sabotear» las negociaciones con los zapatistas.

Por su parte, la Cocopa llamó a los legisladores y al EZLN a evitar las descalificaciones «que impidan una discusión constructiva».

Los zapatistas advirtieron que no se irán de la capital hasta que no se apruebe la ley indígena, que recoge los primeros acuerdos de paz suscritos en febrero de 1996 con el entonces presidente Ernesto Zedillo y cuya aplicación en las leyes se ha venido difiriendo por el temor en ciertos sectores de que derive en separatismo.

El ministro de Gobernación, Santiago Creel, relativizó las discrepancias y señaló que el traspié en el primer acercamiento no significa que el diálogo entre el Congreso y los zapatistas haya fracasado.

Mientras, el negociador gubernamental para la paz, Luis H. Alvarez, arrojó sal a la herida cuando calificó de «poco respetuosa» la posición de Marcos.