MONDO CANE

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena a Telecinco para que indemnice al ex presidente José María Aznar y a su mujer Ana Botella por anunciar su supuesta separación matrimonial el pasado mes de noviembre en el programa Aquí hay tomate. Eso sí, rebaja la cuantía de esa indemnización a 90.000 euros para cada uno de los demandantes frente a los 240.000 euros que impuso inicialmente la juez a la cadena de televisión, según recoge la sentencia. El pasado mes de diciembre, la juez María Elena Garde García, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pozuelo de Alarcón, condenó a Telecinco alegando que Aznar y Botella habían sufrido «intromisiones ilegítimas» en sus derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y familiar, con motivo de la divulgación de la noticia relativa a su separación «por culpa de una relación extramatrimonial». Según argumentaba la juez, esa información había ocasionado «graves daños morales» a Aznar y Botella. Por eso, condenó a la entidad mercantil Telecinco SA a que abonara la cantidad de 120.000 euros a cada uno y a que divulgara en el programa Aquí hay tomate o el que le sustituyera el fallo de la sentencia una vez adquiriera firmeza. Ya en ese mismo mes de diciembre, el matrimonio Aznar-Botella emitió un comunicado en el que desmentía su separación y calificaba de «falsas» esas «ignominias» que se habían conocido en algunos medios de comunicación. Ya entonces anunciaban que emprenderían acciones legales contra todos aquellos que habían vertido esas «calumnias». La cadena Telecinco recurrió en apelación esa decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid tachando de «desproporcionada» la indemnización e incidiendo en que se trata de «personajes de trayectoria y relevancia pública que por actos propios han dado a conocer aspectos de su vida privada personal y familiar», lo que, a su entender, «legitima el derecho a la información en su colisión con el derecho a la intimidad».

El juicio contra el magistrado estadounidense Herman Thomas, acusado de ofrecer reducciones de penas a presos a cambio de sexo, comenzó el lunes en Mobile, en el estado de Alabama. Antes de que saliesen a la luz los hechos, el Partido Demócrata había elegido a Thomas para que fuera el primer juez federal negro del sur de Alabama. Los cargos que se le imputan a Thomas y que él rechaza son sodomía, secuestro, extorsión, abuso sexual y agresión. Sus abogados afirman que la acusación tiene una motivación política y racial, mientras que los fiscales aseguran que quince presos y ex presos testificarán contra el ahora ya ex juez, según informan los medios de comunicación locales. Thomas dimitió de su cargo en 2007, tras ser acusado de llevar a presos a su oficina y azotarles con una pala de madera. Después se le imputaron los delitos. Si le condenasen por sodomía y secuestro, podría tener que pasar al menos 20 años en la cárcel. Se espera que dicten sentencia contra él dentro de unas semanas. La primera vez que lo acusaron de ofrecer clemencia a los reclusos a cambio de sexo fue en 2001, pero finalmente el juicio no llegó a realizarse. El caso se reabrió cuando se supo que Thomas había modificado las sentencias de varios casos en los que no estaba implicado, cambios que se hicieron después de que el magistrado y los presos se reunieran, según estos últimos, en el coche o la oficina del juez. Pero el abogado del acusado, Robert Clark, ha afirmado que las presuntas víctimas están intentando arruinar la carrera profesional de su cliente. El pasado abril denunció que se estaba produciendo un «linchamiento de alta tecnología» y que detrás del caso había motivos políticos. «No les gustan los tíos negros engreídos, y eso es lo que consideran que es Herman», declaró.