Colombia habla de paz

Los Pozos, Colombia, Reuters

 

Pero Estados Unidos, que financia un plan para combatir el narcotráfico en este país sudamericano, no asistió.

La reunión de un día en el caserío de Los Pozos fue acordada en febrero por el presidente Andrés Pastrana y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda, alias «Tirofijo».

Vestido con traje de combate, una toalla amarilla sobre sus hombros y un machete al cinto, Marulanda, de 69 años, saludó a embajadores y diplomáticos de América, Europa y Japón que llegaron en autobús al remoto caserío, en el corazón de un enclave rebelde de 42.000 kilómetros cuadrados.

El control territorial de la región fue cedido por el gobierno a las FARC en 1998 para facilitar la negociación, que trata de poner fin a un conflicto que dejó 35.000 civiles muertos en la última década.

Cuando los diplomáticos bajaron del autobús se encontraron con unas 100 personas –entre madres y familiares de policías y soldados que permanecen en poder de las FARC– y que portaban carteles que decían «Libertad para nuestros hijos».

Como parte del proceso de paz, las FARC y el gobierno discuten un intercambio humanitario de prisioneros enfermos. Las FARC tienen en su poder unos 500 policías y soldados capturados en combates desde 1997 y buscan canjearlos por rebeldes presos en las hacinadas cárceles del país.

Antes de recibir a los diplomáticos, Marulanda saludó a los familiares de sus rehenes y dijo: «Tengan fe y esperanza que el intercambio va a llegar pronto, creo que no demorará mucho».

Las madres, algunos con lágrimas en los ojos, le clamaron «entregue a nuestros hijos, por favor señor Marulanda».

Estados Unidos, que destinó 1.000 millones de dólares en ayuda, principalmente militar, a una ofensiva del gobierno colombiano contra el narcotráfico en las selvas del sur del país controladas por la guerrilla, rehusó asistir al encuentro pese a las invitaciones de Pastrana y de las FARC.

Mientras Washington dice que apoya las gestiones de paz de Pastrana, insiste en que no se encontrará cara a cara con las FARC hasta que entreguen a los responsables del secuestro y asesinato de tres indigenistas estadounidenses en 1999.

«Si ellos no quieren venir es cosa de ellos, los hemos invitado en varias ocasiones… puede ocurrir que en el futuro lleguen», dijo Marulanda a periodistas.

Es la primera vez que representantes de la comunidad internacional son invitados por el gobierno y las FARC, con 17.000 combatientes, para discutir el progreso de su diálogo.

Durante el encuentro las FARC propusieron realizar tres conferencias con la comunidad internacional para hablar de sustitución de cultivos ilícitos, una moratoria de cinco años en el pago de la deuda externa de Colombia a fin de aumentar la inversión social y una reforma agraria.

El narcotráfico alimenta los ejércitos rebeldes y de los escuadrones paramilitares de ultraderecha, según analistas.

En el pasado, las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina sobreviviente de la década de 1960 y que busca imponer cambios socialistas que incluyen una reforma agraria y redistribución de la riqueza, se han opuesto a que la comunidad internacional supervise el proceso de paz.

Las FARC secuestran a civiles para financiar parte de su guerra contra el Estado y usan misiles de fabricación casera –cilindros de gas repletos de explosivos– en ataques a bases militares y de la policía, en los que murieron decenas de civiles, por lo que han recibido críticas internacionales.