El ex jefe del Ejército de Argentina acusó a militares de "asesinos y rateros de criaturas"

Buenos Aires, ANSA

 

Balza criticó asimismo las leyes de desprocesamiento y exculpación aprobadas en 1986 y 87 –«Punto Final» y «Obediencia Debida»– declaradas inconstitucionales y anuladas ayer por el juez federal Gabriel Cavallo para una causa sobre el secuestro de un matrimonio y la apropiación ilegal de su hijita de ocho meses, delitos cometidos en 1978.

Con la severa declaración de ayer, Balza conmocionó el ya agitado clima interno de las fuerzas armadas, que en las últimos días habían presentado cientos de «habeas data» frente a la posibilidad de perder la impunidad que las dos polémicas leyes otorgaron durante más de una década a los autores de crímenes de lesa humanidad.

«La única obediencia debida –dijo Balza– es la obediencia a los superiores en cumplimiento de acciones que permiten las leyes de la República».

Sin dejar espacio a dudas, el militar enfatizó que sentía «vergüenza» por no haber podido brindar información a los familiares de los aproximadamente 30 mil desaparecidos sobre el destino de sus seres queridos y que «esconder la basura debajo de la alfombra» –en alusión a las leyes ahora invalidadas– nunca impide «la búsqueda de la verdad».

El mensaje del ex jefe del Ejército, quien en ejercicio de ese cargo y en una actitud sin precedentes admitió en abril de 1995 la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la represión ilegal, no condice con la posición personal del actual ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien opinó que las leyes anuladas «son constitucionales» por haber sido aprobadas por el Parlamento.

Si bien el gobierno ratificó hoy por boca del vocero presidencial Ricardo Ostuni, que no apelará el fallo de Cavallo, Jaunarena –quien asumió el lunes pasado en Defensa, cargo que paradójicamente desempeñó cuando fueron aprobadas las dos leyes de impunidad, que él mismo impulsó– no vaciló en manifestarse en desacuerdo con la nulidad.

«Con el respeto que se le debe a la división de poderes (la anulación, NDR) es una decisión del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo no tiene nada que opinar», destacó en cambio Ostuni. En la mañana de hoy, ANSA intentó conversar con la oficina de prensa de los estados mayores de Ejército y de las Fuerzas Armadas, sin lograr concretar hasta ahora ese diálogo.

Entidades defensoras de los derechos humanos, en tanto, especulan que, tras la citación judicial de los represores Julio Simón y Juan Antonio del Cerro para el 15 y 20 de marzo en el marco de la causa que determinó el fallo de ayer, numerosos familiares de desaparecidos solicitarán la apertura o reapertura de juicios hasta ahora imposibles por la vigencia del Punto Final y la Obediencia Debida.

De ser así, numerosos militares, marinos y policías –retirados o en actividad– pueden terminar en el banquillo de los acusados.

Algunos de ellos ya fueron condenados en otros países, como el «angel rubio», ex capitán de fragata Alfredo Astiz (cadena perpetua en Francia por el asesinato de las monjas Leonie Duquet y Alice Dumon) y el ex general Carlos Suárez Mason (cadena perpetua en Italia por el asesinato de algunos italianos en argentina).