EL RAYO QUE NO CESA

La movilización incesante es el rayo que no cesa, para decirlo con el verso de Miguel Hernández. El profesor Vallejo murió el sábado a consecuencia de un disparo en la cabeza durante la represión militar y policial a una manifestación en las afueras de la capital y Rivera fue asesinado con armas blancas cuando retornaba del velorio de su colega. Posteriormente se registró otra violenta represión en San Pedro Sula que terminó con 50 manifestantes detenidos y otros tantos lesionados. Los colegios magisteriales y las organizaciones del Frente iniciaron los preparativos de la Marcha Nacional de Resistencia Popular para demandar el retorno del orden constitucional. Los estudiantes y organizaciones juveniles, además de los sindicatos, adhirieron a la convocatoria. El sacerdote católico Andrés Tamayo explicó que con estas marchas nacionales se procura demostrar al gobierno de facto la pujanza del movimiento por la recuperación de la democracia, y que las caminatas comenzarán en aldeas, comunidades, municipios y departamentos para marchar a un ritmo de 15 a 20 kilómetros diarios, realizando plantones y actos de repudio a la dictadura, pasando la noche en centros poblados para dirigirse a las dos mayores ciudades. El pronunciamiento del sacerdote católico (que encabezará la marcha desde el nororiental departamento de Olancho, el mayor del país) reviste particular importancia porque la jerarquía de la iglesia, empezando por el cardenal Rodríguez Madariaga, se plegó de manera infamante al golpe de estado.

El presidente constitucional Manuel Zelaya recogió en México la adhesión del presidente Felipe Calderón a la causa de la democracia en su país. En conferencia de prensa conjunta, Zelaya declaró que «estamos dispuestos a firmar el plan Arias en Tegucigalpa sólo si implica mi restitución a la presidencia de la República» y que no está dispuesto a formar parte de un proceso dilatorio para la restitución de la democracia. Otro tanto aconteció con las autoridades de España, en ocasión de la presencia del canciller Moratinos y la vicepresidenta De la Vega en Venezuela. Se proyecta la visita de una misión de la OEA a Honduras, después que el organismo condenó por unanimidad el golpe y declaró que no reconocerá ningún gobierno que surja de elecciones realizadas bajo el régimen de facto.

En el mismo sentido, el asesor internacional de la presidencia brasileña, Marco Aurelio García, reiteró que su país rechaza la realización de elecciones en Honduras bajo el gobierno ilegítimo e instó a la comunidad internacional, y especialmente a EEUU, a una acción más enérgica, al tiempo de informar que Zelaya viajará a Brasilia la semana entrante.

La dictadura acentúa la represión. En las últimas horas decidió cerrar la única radio opositora, Radio Globo. Su gerente general, Alejandro Villatoro, elevó la denuncia ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Cofaddeh). La radio, que informa de todos los hechos de represión, fue víctima de graves agresiones, como el ingreso por la fuerza de militares en su sede en la capital, permaneciendo luego militarizada y con su propietario, sus periodistas y sus técnicos víctimas de permanentes amenazas y hostigamientos. Ahora Conatel decidió clausurar la frecuencia de esta emisora de cobertura nacional. El 95% de los medios de comunicación de Honduras son propiedad de las 14 familias que dominan totalmente su economía. El propio Micheletti es dueño de Hondutel, uno de los mayores canales de TV.

Por otra parte, la presidenta de Cofaddeh, Bertha Olivo, denunció que la dictadura habría formado un grupo de 120 efectivos paramilitares, cuyo entrenamiento está financiado por empresarios que apoyan el golpe y se realiza en fincas de su propiedad. Una estas bandas ya estaría actuando en San Pedro Sula. En ese trabajo sucio se involucran también agentes venezolanos como Robert Carmona, hermano de Pedro Carmona el Breve, mascarón del golpe contra Chávez en abril 2002.

Además, esos mismos sectores oligárquicos, como el diario La Prensa, el Banco Ficohsa y la Asociación Hondureña de Maquiladoras contrataron y pagaron el servicio de tres firmas lobbystas en EEUU para buscar apoyo a Micheletti en el Consejo de Seguridad Nacional y ambas cámaras del Congreso.