Colombia. Un eventual tercer mandato del presidente está en manos del Congreso

Uribe defiende la política de seguridad democrática

El mandatario aclaró que el tema de una segunda reelección lo tiene el Congreso, que deberá tomar una decisión en los próximos días. Los legisladores deberán decidir si se podrá celebrar un referéndum, en el que se le preguntará a la población si está de acuerdo con que pueda postularse a un tercer mandato en el año 2010.

Si bien la política de seguridad democrática ha sido muy exitosa en varios aspectos, ya se alzan voces desde la oposición que la cuestionan en un creciente clima electoral. Entre los logros se destacan la recuperación de territorios, la seguridad vial, la desmovilización de más de 16.000 guerrilleros y unos 40.000 paramilitares, y la disminución del secuestro y la extorsión. Sin embargo, el gobierno no pudo concretar un proceso de paz con las FARC ni un acuerdo humanitario, mientras que la guerrilla presiona para canjear 22 militares capturados por 500 insurgentes que están en prisión cumpliendo penas por terrorismo.

El gobierno reconoció que el desplazamiento forzado, como consecuencia del enfrentamiento interno, no ha podido ser erradicado. Organizaciones de derechos humanos estiman que son más de cuatro millones los colombianos desplazados que huyen de la violencia.

Pese a las críticas de sus opositores, el presidente reafirmó su política.

Con un discurso centrado en la seguridad, la confianza para los inversionistas, la reforma tributaria y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el presidente Uribe instaló el último período legislativo del Congreso colombiano.

Uribe destacó los avances logrados en el país en los últimos siete años, gracias a la política de seguridad democrática, y enfatizó que se ha hecho sin sacrificar la política social, lo que ha permitido la ampliación de las coberturas de los programas.

«Después de siete años podemos decir: nos hemos situado en el equilibrio democrático», manifestó en su discurso de instalación del Congreso y recordó que «confianza, la palabra guía de nuestra acción, confianza en Colombia, ha tenido como soporte un esfuerzo balanceado por la seguridad, la inversión y la política social».

Subrayó que «la seguridad no ha sido guerra a expensas de política social, todo lo contrario, ha sido seguridad con valores democráticos acompañada de ampliación en las coberturas sociales».

El jefe de Estado aseguró que «Colombia goza de un estado de opinión que es la fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho» y agregó que «sin estado de opinión se desdibujan las virtudes democráticas que reposan en la independencia de las ramas del poder y en la existencia de organismos de control».

Indicó que «estado de opinión no es democracia plebiscitaria pero sí es equilibrio entre la participación y la representación; no es manipulación pero sí es coraje para orientar sobre temas de gran controversia; es respeto a la opinión expresada y derecho para que la opinión silenciosa se exprese; no es imposición por la fuerza ni claudicación ante la fuerza contraria; es garantía de la libertad de prensa y de su contrapeso, que es la libertad del ciudadano y del gobierno frente a los medios de comunicación».

El presidente de la República señaló que «estado de opinión es la muralla que ataja el desbordamiento de cualquier poder; el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas; y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin penalizarlas».

Explicó que el país cuenta con una sólida institucionalidad y «la justicia es independiente y autónoma. El Ejecutivo no participa en la integración de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado. Es respetuoso de los órganos de control originados en el Congreso y de su misión imparcial». Uribe precisó que el énfasis de la política de seguridad es producir la desmovilización de los integrantes de los grupos armados.

Expresó que «más de 50 mil integrantes de los grupos violentos han sido recibidos como desmovilizados» y el número de los desmovilizados supera en más de tres veces a los dados de baja.

«El programa de reinserción es enorme. El promedio mensual es de 11 mil que estudian primaria, otro tanto en validación de bachillerato y 2 mil en alfabetización. En 2008 más de 7 mil acudieron a formarse en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Al adicionar las familias el total de beneficiarios promedia 120 mil», dijo.

El jefe de Estado afirmó también que el gobierno mantiene el principio de no nivelar agentes del Estado con terroristas, pues ello estimularía parálisis en las fuerzas del orden por temor a que cada acción legítima contra el delincuente sea objeto de falsa acusación, de mandato de reparación y de riesgo de cobro de repetición al policía o soldado.

«La Nación, maltratada durante décadas por guerrillas y paramilitares, necesita el apoyo a sus policías y soldados, en cuya honra y buen nombre se rechaza y penaliza la acción delictiva de cualquiera de sus integrantes y por cuya solidez y confianza se demanda la actitud firme del presidente, los ministros y comandantes para denunciar las falsas acusaciones, con las cuales algunos juegan al fracaso de la seguridad», sostuvo.

El presidente Uribe hizo un recuento de los principales avances en materia de política social y advirtió que esta se erige en el gran validador de la seguridad democrática y la confianza inversionista, que a su vez depende del marco de prosperidad que estas dos construyan.

Añadió que, además de los recursos asignados a desplazados, víctimas y desmovilizados, las coberturas sociales se han incrementado notablemente. El presupuesto de atención a desplazados ha aumentado en más de 10 veces, aseguró el presidente ante los legisladores.

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