Horas de decisión: Zelaya llega a Honduras

Zelaya viajará acompañado por los presidentes Cristina Fernández y Rafael Correa, que ayer reafirmaron su decisión, corriendo todos los riesgos. Está ya en Tegucigalpa con el mismo cometido la Premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú. Miguel d’Escoto, presidente de la Asamblea General de la ONU, había anunciado análoga decisión. Está reunida en Washington la asamblea general de la OEA, que recibe el informe del secretario general sobre su viaje. Al resumir el contenido del mismo en conferencia de prensa, Insulza manifestó: «El resultado claro es que la ruptura del orden constitucional persiste y que los que hicieron esto no tienen por el momento ninguna intención de revertir la situación». Anunció en consecuencia que se planteará en la OEA la aplicación del artículo 21, que determina (por dos tercios) la suspensión de un Estado miembro cuando se produzca la ruptura del orden democrático. Los golpistas intentaron anticiparse a esta segura decisión, declarando ayer su renuncia al organismo. Esto no es más que un desubicado golpe de teatro, porque la renuncia no produce efecto sino dos años después.

Mientras tanto, sigue recayendo sobre el elenco golpista la repulsa internacional, con una fuerza y una unanimidad que no se conoció en ningún otro caso en ninguna época. Su aislamiento es total. A la condena sin atenuantes y sin excepciones de todos los organismos internacionales (la ONU, la Unión Europea, la Unión Africana, los No Alineados, los organismos regionales, los países limítrofes y la propia OEA), se suman las crecientes expresiones de rechazo en el propio país, el rayo que no cesa, que se va extendiendo y enfrentando la acrecentada represión de las fuerzas militares y policiales.

Después de su entrevista con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Avilés (que dio menos jugo que un ladrillo, porque este organismo es uno de los impulsores del golpe ejecutado por las fuerzas armadas), Insulza recibió un extenso memorándum de organizaciones populares y sociales que coordinan la resistencia. Lo firman: Carlos H. Reyes por la Coordinadora Nacional de resistencia; Daniel Duron por la Central General de Trabajadores; Víctor Antonio Fernández Guzmán por el Movimiento por dignidad y justicia; Israel Salinas y José Hilario Espinoza Herrera por las Confederaciones de Trabajadores; Dagoberto Suazo Zelaya por la Central de Cooperativas de Café; Suyapa Martínez por el Centro de Estudios Mujer-Honduras y varias organizaciones femeninas; Rafael Alegría por Vía Campesina; Bertha Cáceres por Consejo Cívico de Organizaciones Populares; Juan Barahona por el Bloque Popular; Cornelio Chirinos por Consejo de Organizaciones Campesinas; José Maldonado por la Confederación Nacional Campesina; Bertha Oliva por familiares de detenidos-desaparecidos; Andrés Pavón por el Comité pro Derechos Humanos; representantes de la Federación de Organizaciones Magisteriales, de la Organización nacional indígena, de jóvenes y estudiantes, y de afrodescendientes. Ellos demandan el retorno a su cargo «del Presidente arbitriamente destituido, tal como lo estableció la ONU».

Estas (y otras en cada lugar) son las entidades que han estado impulsando la movilización antigolpista. Estamos mirando ahora la manifestación hacia la Universidad, que enfrenta todos los obstáculos, como las vimos todos estos días frente a la sede presidencial, rechazadas a golpes y gases lacrimógenos por las fuerzas armadas, atacadas por francotiradores desde edificios cercanos. Extraoficialmente se habla de cuatro muertos. La policía irrumpe en los hospitales donde están los heridos. Fue muerto un sindicalista cuando se oponía a la toma de la empresa de telecomunicaciones por el ejército. Grandes manifestaciones se desarrollaron en San Pedro Sula, segunda ciudad del país, donde se realizó la reunión de la OEA que tiene con la sangre en el ojo a los motineros. Aquí el régimen de facto expulsó al alcalde Rodolfo Padilla Sunseri y colocó en su lugar al sobrino del usurpador, William Franklin Micheletti, que entró tercero en las elecciones. Se reportan también demostraciones en los departamentos de El Paraíso, Choluteca, Cortes, Olancho y Yoro. Se extendió la vigencia del toque de queda. Por largas horas se suspende el flujo de electricidad, y se hacen redadas en forma indiscriminada. Denuncian el reclutamiento forzoso de jóvenes de más de 15 años en Catacamas, Manto, Olanchito, Sonaguera, Colón y otros municipios. Los patronos amenazan con el despido a quienes concurran a las manifestaciones pro Zelaya. Los maestros que se pronuncien a favor del retorno al orden institucional están bajo la amenaza de cesantía. En cambio, quienes son acarreados a las manifestaciones a favor de los golpistas son retribuidos con 100 lempiras y una camisa.

Los medios hacen una propaganda desaforada a favor del golpe y ocultan todas las manifestaciones de rechazo. Prestigiosas radios comunitarias son censuradas o sacadas del aire. Radio Progreso, conectada a 116 emisoras, fue clausurada, reabierta luego, pero siguen las amenazas, también contra sus reporteros. Radio Globo fue dos veces sacada del aire y a un periodista le dijeron: «O te callas o te callamos». Telesur ha sido silenciada en varias regiones. Nada menos que el presidente de la SIP, Enrique Santos (de la familia oligárquica de Colombia a la que pertenecen el vicepresidente y un ex ministro de Defensa), declara que «falta libertad de prensa en Honduras». Eso muestra a qué extremos llegan las cosas.

Vivimos horas de decisión en la república hermana. Hacia allí se dirigen los ojos del mundo entero.