MARCHA ATRAS DE ALAN GARCIA

Un cable publicado ayer señala la relación entre ambos hechos: «El Congreso peruano suspendió el miércoles los decretos de explotación de la selva que han generado la cólera de los indígenas amazónicos, en víspera de una movilización general anunciada para el jueves por los nativos en medio de la crisis por los 34 muertos en choques el fin de semana con la policía». En nuestro país la consigna era: «Alto a la masacre de los pueblos amazónicos del Perú».

La marcha atrás del gobierno de Alan García ante la magnitud de la protesta nacional e internacional tiene notable significación. Es una señal para continuar la lucha, hasta lograr la derogación de los decretos impugnados. En la convocatoria a las manifestaciones en Perú se dice: «Desde hace más de dos meses los pueblos amazónicos de Perú están protestando y movilizándose de manera pacífica para exigir la derogación de 9 decretos legislativos de implementación del Tratado de Libre Comercio con EEUU. Esos decretos, destinados a favorecer la mercantilización de la tierra y de sus recursos a favor de las corporaciones trasnacionales, afectan gravemente los territorios de los pueblos de la Amazonía, pero ellos no han sido consultados, tal como lo ordena el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano». Dice luego que la Defensoría del Pueblo, los Obispos de la Selva, la Comisión de Constitución del Congreso y numerosas voces de la sociedad civil respaldaron los reclamos de los indígenas y declararon la inconstitucionalidad de los decretos, a pesar de lo cual el gobierno de Alan García se negó a someterlos a discusión pública y «el viernes 5 respondió con una represión a sangre y fuego, dejando un saldo de más de medio centenar de víctimas (entre muertos, heridos, quemados, desaparecidos y detenidos, entre indígenas y policías)».

De las numerosas expresiones solidarias con los indígenas peruanos se destacan las provenientes de las comunidades indígenas de países como Bolivia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, entre otros. En la nueva América Latina de hoy, ellas constituyen entidades que ya no pueden ser ignoradas, como decíamos ayer, y que han pasado a gravitar decididamente en la vida política, social, económica y cultural de sus naciones. Así se reconoce expresamente, por ejemplo, en las nuevas Constituciones que se han elaborado con activa participación de sus organizaciones representativas, caso típico de Bolivia y Ecuador. Recordamos incluso que en este último caso lograron modificar aspectos sustanciales de los textos elaborados y consagrar a plenitud los derechos de dichas comunidades en todos sus aspectos. La nueva Constitución boliviana, recién plebiscitada, consagra la instauración de un Estado multiétnico y plural en todos los planos. En el caso de Nicaragua, se han pronunciado en solidaridad con sus hermanos peruanos los integrantes de las numerosas comunidades aborígenes de ese país, como los miskitos y otras, sobre todo de la costa atlántica. Se recuerda en particular el papel que desempeñaron las organizaciones de los indígenas ecuatorianos, que están representados en organizaciones como el Pachakutik y la Conaie, en las movilizaciones que determinaron la caída del gobierno de Jamil Mahuad en 2000.

Bolivia está en el candelero en relación con los graves sucesos peruanos. El domingo la ministra del Interior peruana, Mercedes Cabanillas (recuérdese que la ministra de la Mujer renunció en protesta ante la represión desatada por el gobierno), dijo que el movimiento indígena de su país seguía los pasos del boliviano, cuando sacó del poder en 2003 a Gonzalo Sánchez de Losada. Por su parte, el congresista oficialista peruano Luis Gonzáles Posada acusó a Evo Morales de estar conectado con el movimiento indígena peruano. Lo que ocurrió es que el presidente envió un mensaje a una cumbre indígena realizada a fin de mayo en Puno, Perú, en que el líder de los nativos peruanos, Alberto Pizango (hoy asilado en la Embajada de Nicaragua) llamó a una segunda independencia. Hay además un intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos por el asilo otorgado por Perú a tres ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada enjuiciados por tribunales bolivianos por la matanza que precedió a la huida del presidente a Estados Unidos.