Colombia, el país más peligroso para los dirigentes sindicales

«Pese al gran énfasis que pone el actual gobierno (colombiano) en la seguridad (…) en 2008 se produjo un incremento preocupante del 25% en los casos de violencia antisindical, con 49 sindicalistas asesinados», señala el informe de esa organización internacional que tiene su sede en Bruselas.

Entre los 49 sindicalistas asesinados, la CSI destaca varios de ellos por la repercusión nacional que tuvieron, como el de Guillermo Rivera Fúquene, presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Bogota, cuyo cadáver apareció tres meses después de su desaparición en Bogotá.

La CSI recoge declaraciones de organismos sindicales colombianos que destacan las condiciones en que se produjeron algunos asesinatos, que hacen suponer fuertemente que hubo móviles políticos.

Tal es el caso de José Omar Galeano Martínez, muerto a balazos por sicarios el 23 de agosto de 2008.

Galeano Martínez era dirigente de los vendedores de lotería en Colombia y dirigía la lucha de estos trabajadores contra la entrega de las loterías nacionales a consorcios privados.

En circunstancias semejantes fue asesinado Leónidas Gómez Roso, empleado de Citibank y dirigente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB), asesinado en Bogotá un día después de una marcha nacional contra el paramilitarismo y la violencia, en la que participó activamente.

La CSI recuerda que «la Constitución colombiana consagra como fundamental el derecho de sindicalización y los sindicatos son libres de decidir sus normas y la gestión de sus actividades».

No obstante, hace notar que existen trabas legales para el pleno ejercicio de la libertad sindical y diversas figuras contractuales que encubren otras relaciones de trabajo y son utilizadas para no permitirle a los trabajadores constituir sindicatos.

En ese contexto, la organización internacional denuncia la actitud del gobierno del presidente Alvaro Uribe en casos como el de la huelga de 15.000 obreros cortadores de caña de azúcar en el Valle del Cauca (suroeste de Colombia), en setiembre de 2008.

«El gobierno no sólo se mostró desconsiderado en el tratamiento del pliego de peticiones de los corteros, sino incluso temerario en sus actuaciones: militarizó el conflicto laboral y pretendió entablar un proceso judicial sobre la base falsa de que había «fuerzas oscuras» (la mano de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) detrás del movimiento», explica el informe.

Eso «dio pie a amenazas contra algunos dirigentes y a montajes judiciales contra activistas y trabajadores que secundaron el paro», precisa la CSI.

A todas estas situaciones se añade «la acción de empresas nacionales y multinaciones abocadas a la liquidación de los sindicatos», dice la CSI, que denuncia en particular a la multinacional española Unión Fenosa y su filial Electricaribe.