JUNTO A LOS INDIGENAS PERUANOS

El líder indígena Alberto Pizango se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima (ya que había orden de captura contra él, según informó el primer ministro Yehude Simon) y se le otorgó asilo político. En todas partes se expresa solidaridad con los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, que defienden una causa de contenido americano, a la que son particularmente sensibles sus hermanos de Bolivia, Ecuador, Guatemala y otros países. A la vez, se reclama que el gobierno peruano entable un diálogo con las organizaciones de los indígenas, a lo que hasta ahora se ha negado, al tiempo que dictaba una serie de decretos que vulneran gravemente sus derechos ancestrales.

Los enfrentamientos se originaron el viernes 5 en la selvática región de Bagua (unos mil kilómetros al norte de Lima), en la zona de Corral Quemado y Curva del Diablo, departamento de Amazonas. De fuente oficial se afirma que entre los muertos hay 25 policías. Los nativos afirman que el número de sus muertos es mayor al anunciado (mencionando entre ellos al presidente del Comité de Lucha provincial de Condorcanqui, Santiago Manuin Valera, con 8 balazos en el cuerpo) y que hay numerosos desaparecidos. La carretera Yurimaguas-Tarapoto está cortada desde hace más de un mes. El martes los nativos resolvieron abrirla por 4 horas ­dos en cada sentido­ para permitir el paso de alimentos, bebidas y materiales imprescindibles.

Las comunidades nativas de la Amazonia peruana, reunidas en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), están en huelga general desde el 9 de abril, en rechazo de los Decretos Legislativos 994, 997, 1020, 1060, 1064, 1081, 1083, 1089 y 1090, emitidos por el presidente Alan García y que se sitúan en el marco de los tratados de libre comercio con EEUU, con China y en vistas de un acuerdo de asociación bilateral con Europa.

Dicen los voceros de las organizaciones indígenas: «Mediante los decretos legislativos que el gobierno ha dictado, aprovechando abusiva e inconstitucionalmente las facultades delegadas que le fueron concedidas para implementar el Tratado de Libre Comercio con EEUU, el Estado peruano pretende dejar que las grandes transnacionales hagan lo que quieran en las reservas comunales y áreas protegidas; ignorando que los derechos que los Pueblos Indígenas defienden, no sólo están reconocidos en Pactos, Convenciones y Convenios con carácter vinculante y exigible que el Perú ­por haberlos ratificado- se comprometió a honrar, sino que comprometen su responsabilidad ante la comunidad internacional». En ese sentido citan en particular el Convenio 169 de la OIT, relativo a los pueblos autóctonos y tribales, así como la Convención sobre la Biodiversidad Biológica.

Porque los decretos citados amenazan los derechos de las comunidades nativas y la biodiversidad de la Amazonia. Gran parte de la selva amazónica ha sido dividida en lotes que el gobierno peruano atribuyó a transnacionales para la prospección o explotación de energías fósiles o de minerales, cuyos efectos sobre el medio ambiente y la salud de los pobladores pueden ser de extrema gravedad, a juicio de las organizaciones afectadas. Con la particularidad de que estos lotes se encuentran en gran parte en zonas clasificadas como reservas naturales o en territorios habitados por los nativos. Agregan que los decretos impugnados «van a permitir la venta de las tierras de la Amazonia a las multinacionales de los agro-combustibles, del agua, de la celulosa, de los cultivos transgénicos y abren las puertas a la biopiratería». Cuatro millones de hectáreas están actualmente en venta.

El sentido de la jornada solidaria de hoy consiste en reclamar al gobierno del Perú el cese de las agresiones y del estado de emergencia, anular las órdenes de detención de los dirigentes de la protesta, o sea: cesar de criminalizar a los movimientos sociales e indígenas y sentarse a dialogar con sus líderes. Se solicita asimismo el envío de una delegación de países de América Latina para investigar los graves hechos ocurridos, como se hizo con éxito en el caso de la masacre de Pando en Bolivia.

Reiteramos que estamos ante una causa americana, y que las poblaciones indígenas de nuestros países ya no pueden ser ignoradas.