Escándalo por escuchas ilegales en Colombia

La revelación de la revista Semana originó, además, el pedido de diversos sectores políticos para que se tomen medidas drásticas, incluyendo la de disolver la entidad, que depende directamente del presidente.

Desde 2002, cuando se inició el gobierno de Uribe, el DAS ha sido blanco de múltiples acusaciones de nexos con grupos paramilitares de ultraderecha y espionaje a la oposición.

«Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas», reaccionó este lunes Uribe.

El presidente culpó de las escuchas ilegales a un grupo de funcionarios del DAS que integran «una banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio gobierno».

Los seguimientos, cuyas pruebas comenzaron a ser destruidas en enero según la revista, se hacían a congresistas, periodistas y magistrados considerados opositores, pero también a funcionarios cercanos al mandatario, como su jefe de seguridad y el secretario de la presidencia, Bernardo Moreno.

La denuncia señaló además que funcionarios del DAS vendían servicios de espionaje a paramilitares, la mafia del narcotráfico e incluso a la guerrilla.