UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

La Unasur, constituida en Brasilia el 23 de mayo 2008, se reunió en pleno en el Palacio de La Moneda el 15 de setiembre.. Acordó prestar pleno respaldo al gobierno constitucional de Evo Morales y rechazar cualquier intento de golpe civil o de atentado a la integridad territorial del país, a la vez que designó una Comisión especial para investigar los atentados producidos en la localidad de Porvenir, a pocos kilómetros de Cobija, capital del departamento de Pando. Esta Comisión es la que acaba de expedirse en forma ejemplar, luego de dos meses de labor. Estos hechos merecen relevarse porque prueban el papel constructivo que la Unasur puede desempeñar ante situaciones críticas en el continente.

La Comisión estaba integrada por: Rodolfo Mattarollo (coordinador) de Argentina, Fermino Fechio de Brasil, Luciano Fouillioux de Chile, Fulvia Elvira Benavides de Colombia, Ramiro Rivadeneira de Ecuador, Graciela Caballero de Paraguay, Hugo Contreras de Perú, Juan Faroppa y Juan Alejandro Mernies de Uruguay y Freddy Gutiérrez de Venezuela. Colaboró con la misma un grupo numeroso de técnicos como antropólogos forenses, peritos en criminalística, abogados especialistas en derecho penal e investigaciones, funcionarios diplomáticos de varios países, a la vez que efectuaron un registro audiovisual de sus actividades.

En una primera etapa, la Comisión se reunió con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, la Asamblea Permanente de DDHH, la Asociación de Familiares y varios funcionarios del gobierno boliviano, incluido el vicepresidente Álvaro García Linera, también el presidente del Senado Oscar Ortiz y varios senadores del partido de oposición al que éste pertenece. Luego se trasladaron a la «Casa del Padre Damián», institución que alberga a refugiados de Pando, y del 1º de octubre en adelante visitaron Cobija, Porvenir y Filadelfia, recorrieron los lugares de los sucesos, constataron evidencias y se reunieron con sobrevivientes.

En una segunda etapa, a partir del 13 de octubre, se registraron reuniones con la OIT, otra vez con la oficina del Alto Comisionado de la ONU, con el canciller David Choquehuanca y con el Defensor del Pueblo Waldo Albarracín. Éste aludió a los acontecimientos del 24 de mayo en Sucre como grave antecedente de intolerancia (se trata del episodio de racismo desenfrenado que ya hemos comentado, y del que da cuenta un video difundido en nuestro país). Estima, tras una visita a 18 comunidades, que «hubo una masacre, una acción unilateral sin enfrentamiento de fuerzas» y que el número de muertos se eleva a 19. El equipo técnico se trasladó a Pando el 14 de octubre y comenzó sus labores específicas, entrevistando a los médicos del Hospital Regional de Cobija, al director del Centro de Salud de Porvenir y al Fiscal de Distrito. En reunión con los directivos de la Asociación de Familiares, éstos informan de 79 testimonios recabados. En segunda visita a Pando se reúnen con el Defensor del Pueblo, quien se refiere a la impunidad de los «cívicos» que tomaron el Instituto de la Reforma Agraria. El delegado brasileño en la Comisión y asesores visitan a los bolivianos que se refugiaron en las ciudades de Epitaciôlandia y Brasiléia, en el estado fronterizo de Acre. Luego se trasladan a Porvenir, donde toman testimonios sobre la presencia de grupos privados armados, actividades de funcionarios del Servicio de Caminos y la huida de campesinos hacia el río Tahuamanu. Siguen reuniones con la Federación de Campesinos local, con la Comisión de la Cámara de Diputados cuyo presidente, diputado René Martínez, señala la existencia de una verdadera masacre en Pando, actuación de grupos armados irregulares, sicarios extranjeros, torturas, entierros clandestinos, participación de cívicos vinculados al ex prefecto Fernández y opina que los hechos se integran a un intento de golpe cívico-prefectural.

En próxima nota nos referiremos a actividades complementarias de la Comisión y a otra serie de testimonios recabados, que avalan las conclusiones principales del informe. En sus puntos 1 y 3, el mismo establece que «se cometió una masacre, en el sentido empleado por la ONU» y que «se configura un crimen de lesa humanidad».