LA MASACRE DE PANDO

Además, un grupo de pobladores de Cobija, varios de ellos vinculados a la prefectura local (donde se planificó el atentado), se refugiaron en la vecina localidad brasileña de Brasileia, estado de Acre. El fiscal boliviano encara solicitar su extradición.

Recordemos que después de los hechos el gobierno decretó el estado de sitio en Pando. El entonces prefecto marchó preso por no acatarlo (además de ser sindicado como organizador de la masacre). De acuerdo con la ley, el gobierno designó como prefecto interino a Rafael Bandeiras. Hace unos días el estado de sitio fue levantado, a fin de crear las mejores condiciones para la realización el año próximo del referéndum confirmatorio de la nueva Constitución, tal como lo resolvió el Congreso en la histórica jornada el 21 de octubre, marcada por una multitudinaria manifestación de indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes y sectores de capas medias que convergió sobre la Plaza Murillo. Al mismo tiempo, se reforzó la presencia de la fuerza pública en el departamento.

El tema resurgió con fuerza a raíz del informe de una Comisión designada por la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) para investigar estos hechos luctuosos. El martes 25 el jurista argentino Rodolfo Mattarollo entregó el informe respectivo a la presidenta chilena Michelle Bachelet, presidenta pro témpore de Unasur. De esta forma se cumple la resolución adoptada por el organismo que, más allá de los agrupamientos regionales, reúne a todos los países de la América del Sur, sin excepción (incluyendo a Guyana y Surinam). Dicho organismo, creado en Brasilia en mayo con asistencia de los mandatarios de los 12 países, tuvo su verdadera acta de bautismo en la reunión efectuada en el emblemático Palacio de La Moneda de Santiago de Chile el 15 de setiembre pasado. Allí se acordó prestar el máximo apoyo al gobierno boliviano en su lucha por la legalidad democrática y la unidad territorial, contra los propósitos secesionistas alentados por los prefectos opositores de la «media luna». También se acordó investigar los episodios mencionados, lo que ahora se concreta tras dos meses de labor. Si las fuerzas opositoras (en el caso el senador Roger Pinto, del derechista Podemos) ponen el grito en el cielo, es porque temen que sus maniobras queden plenamente al descubierto.

En realidad, se vendría a confirmar lo que desde la primera hora el ministro de Gobierno (Interior) Alfredo Rada caracterizó como la mayor masacre ocurrida en Bolivia en un período democrático. Los campesinos fueron acribillados, incluso con fuego de ametralladora, por integrante de los grupos «cívicos» próximos al prefecto, constituidos en verdaderos destacamentos paramilitares, por miembros de la propia prefectura y por sicarios contratados provenientes de Brasil y de Perú. El presidente Evo Morales declaró en aquella ocasión que no había habido ningún enfrentamiento, sino un «crimen de lesa humanidad». En la nota publicada el 16 de setiembre bajo el título «Nos mataron como perros» recogíamos esa expresión de boca de una campesina que había escapado por milagro a la matanza, y agregaba que fueron perseguidos con saña por sujetos armados, que después no los dejaron siquiera recoger sus muertos, varios de los cuales aparecieron luego flotando en las aguas del río próximo. Vimos también por Telesur a campesinos heridos, con el rostro totalmente vendado, que describían las torturas y vejámenes padecidos, impregnados de furor racista. El mismo furor racista que se desplegó a manos llenas en Santa Cruz, por parte las bandas de la Unión Juvenil Cruceñista (lo más parecido a las juventudes hitlerianas), agrupadas en torno al prefecto Rubén Costas.

Hablando de Bolivia, los cables señalan que su gobierno recibió «con indignación» la decisión «agresiva y abusiva» del presidente Bush de suspender las preferencias arancelarias andinas (Atpdea) a Bolivia, por las cuales ésta coloca en el país del norte sin pago de aranceles un 13% de sus exportaciones. Es la respuesta burda a la digna actitud del gobierno de Evo Morales de defender la soberanía nacional frente a las intromisiones de EEUU y de su embajador Philip Goldberg, que fue expulsado. Pero esta nueva agresión no hará vacilar al gobierno en su defensa acendrada de la independencia y la soberanía de su país.