
El ex miembro de la organización separatista armada vasca ETA, José Ignacio de Juana Chaos, detenido en Irlanda del Norte en cumplimiento de una orden europea de captura, va a pelear por no ser extraditado a España, se indicó ayer martes en un tribunal de Belfast.
La oposición intenta reanudar la labor del Congreso de Nicaragua, paralizado luego de que su presidente, el sandinista René Núñez, suspendiera las sesiones para frenar los intentos opositores de anular mediante una ley las cuestionadas elecciones municipales.
El gobierno kuwaití presentó ayer martes su dimisión al emir tras un pulso con el Parlamento por la controvertida visita a esta monarquía del Golfo de un religioso chiita iraní que tenía prohibida la entrada en el país.
Los groenlandeses acudían ayer martes a las urnas para pronunciarse sobre un régimen de autonomía ampliada que abre el camino a su independencia total de Dinamarca, que ejerce su soberanía sobre esa isla estratégica del Ártico desde hace casi tres siglos.
Los piratas somalíes estaban enfrascados ayer martes en unas duras negociaciones con los propietarios de varios barcos secuestrados frente a Somalia, entre ellos el superpetrolero saudita “Sirius Star”, capturado el 15 de noviembre.
Los manifestantes antigubernamentales que bloquean las oficinas provisionales del primer ministro tailandés en Bangkok y el principal aeropuerto de la capital abrieron fuego contra simpatizantes del gobierno este martes, hiriendo al menos a cinco de ellos, indicó la policía.
Las lluvias torrenciales que caen desde hace dos meses en el estado brasileño de Santa Catarina (sur) dejaron ya 67 muertos, en tanto que el número de evacuados se incrementó a más de 44.000, informó la Defensa Civil regional.
Estados Unidos pidió en extradición a un jefe de la guerrilla colombiana de las FARC que custodió a tres estadounidenses y a la colombo-francesa Ingrid Betancourt, rescatados el 2 de julio tras varios años de secuestro, informó el servicio de inteligencia (DAS).
Un proceso de regularización de latifundios volvió a poner en contra al gobierno boliviano y ricos hacendados y líderes civiles de Santa Cruz, mientras las autoridades, que ya usaron a policías para esta tarea, no descartaron incluso recurrir a militares.
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