Nicaragüenses eligieron alcaldes en comicios claves para Ortega

En la capital y otras ciudades del interior, largas filas de ciudadanos esperaron desde el amanecer ante los centros de votación, entre ellos personas de avanzada edad y jóvenes, algunos que por primera vez ejercían su derecho a voto.

Las elecciones se realizaron en 146 municipios de los 153 del país, debido a que se suspendieron en siete localidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte, afectada por el huracán Félix, en setiembre de 2007, y se celebrarán en enero próximo.

Cinco partidos están en liza, pero la gran batalla la librarán el Partido Liberal Constitucionalista (PLC-derecha) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda), en lo que se plantea como un pulso entre la izquierda y la derecha.

Managua, la plaza más emblemática, la disputan el ex campeón de boxeo Alexis Argüello, candidato del FSLN, y el economista y diputado Eduardo Montealegre por el PLC, quien cuenta, según los sondeos, con una ligera ventaja.

Un ambiente de relativa calma se observaba en la capital y otras ciudades en el interior del país de acuerdo con reportes de los medios locales, aunque la oposición ha denunciado los riesgos de fraude por un gobierno que en los últimos meses ha acallado a varios partidos de la oposición y a las ONG críticas con su gestión.

«No nos vamos a dejar robar las elecciones», dijo Montealegre, quien aseguró que su partido cuenta con 60.000 fiscales en todo el país para monitorear, resguardar las actas de votación y llevar el conteo paralelo rápido.

Montealegre dijo que los preparativos fueron establecidos para encarar cualquier irregularidad durante los comicios, ante la negativa del Consejo Supremo Electoral (CSE) de acreditar observadores nacionales y extranjeros de prestigio, y las agresiones y amenazas recibidas de parte del oficialismo.

El CSE descartó acreditar a reconocidos grupos de observación electoral de Nicaragua como Etica y Transparencia y el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) que, según su titular, Roberto Rivas, realizan una labor de observación «partidista» o interesada, lo que estas organizaciones rechazan.

Los únicos observadores acreditados por la autoridad electoral fueron los del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), integrado por miembros de los tribunales electorales de América del Sur y Centroamérica y el Caribe, aunque la oposición desconfía de ellos porque sus gastos y actividad observadora son financiados por el CSE.

El gobierno y la oposición se han acusado mutuamente de fomentar la violencia callejera, como ha venido ocurriendo durante la campaña electoral, así como de propiciar el fraude desde las mesas de votación donde los resultados les sean adversos.