Ofensiva sangrienta de paramilitares

Desde el inicio del año las matanzas de civiles se han incrementado dramáticamente dejando un saldo de 130 muertos, en su mayoría campesinos de apartados caseríos rurales, según informó este jueves la Policía.

De acuerdo con ese informe, las AUC han cometido diez matanzas y 45 asesinatos selectivos en diversas regiones del país.

El departamento de Antioquia (noroeste), el fluvial puerto petrolero de Barrancabermeja (noreste) y la costa Caribe, han sido los más afectados por la acción de esos grupos de ultraderecha.

La acción más cruenta cometida presuntamente por las AUC ocurrió el miércoles en la aldea de Chengue, departamento de Sucre (norte), donde unos 50 hombres fuertemente armados y encapuchados asesinaron a 25 de sus moradores y quemaron 30 ranchos, obligando a más de dos centenares de sus habitantes a huir.

El presidente Pastrana, que en los últimos días, ante la escalada de las AUC, vigorizó las acciones estatales contra ellas, condenó las matanzas y dijo que son el reflejo del «país que nadie quiere, el de hombres que aún no se dan cuenta que después de una guerra nunca hay triunfadores».

Según el ministro de la Defensa, Luis Fernando Ramírez, en el último año las AUC han fortalecido su pie de fuerza, al pasar de 4.000 a 8.000 combatientes.

El prófugo líder de las AUC, Carlos Castaño, ha reconocido públicamente que gran parte de los recursos con los que se financian provienen del narcotráfico, y de «contribuciones» de ganaderos y hacendados que, según afirma, están cansados de la violencia de las guerrillas izquierdistas y ante la incapacidad del Estado para brindarles protección.

Según Ramírez, las AUC obtienen recursos anuales por 21 millones de dólares.

Precisamente, una de las medidas adoptadas por el gobierno contra las AUC está dirigida a debilitarlas financieramente.

Estas medidas contra las AUC han sido tomadas en medio del estancamiento del proceso de paz que el gobierno inició hace dos años con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que el pasado 14 de noviembre «congeló» las tratativas argumentando que el Ejecutivo no combate eficazmente a los paramilitares. Las FARC, la principal guerrilla del país con unos 12.000 combatientes condicionó el regreso a la mesa de negociación a que Pastrana les demuestre que efectivamente sí lo está haciendo. Las decisiones gubernamentales contra las AUC y el recrudecimiento del accionar violento de estas se producen luego de que Pastrana, en un esfuerzo por reactivar las negociaciones con las FARC, prorrogó hasta el próximo 31 de enero la vigencia de la zona desmilitarizada de 42.000 km2 que al sur país entregó al control del grupo rebelde para posibilitar las tratativas.