Resolución. Es de la Corte de Justicia de la región de Chuquisaca

Gobierno boliviano no acatará fallo a favor de prefecto rebelde

«Quiero ratificar que este fallo aberrante, ilegal e inconstitucional que emitió la Corte de Chuquisaca es de cumplimiento imposible», afirmó ayer el ministro de Defensa, Walker San Miguel, quien fue uno de los demandados, junto a su colega de Gobierno (Interior), por la defensa de Fernández.

Según la autoridad, la sala penal de Chuquisaca no cumplió procedimientos para fallar el pasado martes a favor de Fernández, quien presentó un recurso de hábeas corpus.

El gobernador Fernández, un duro opositor y veterano dirigente de derecha, recurrió a la Corte de Distrito de Chuquisaca, por considerar que su reclusión en un penal público a mediados de setiembre y el proceso que le instauró el gobierno en un juzgado ordinario son ilegales.

La Corte de Chuquisaca ordenó al poder Ejecutivo y a la policía que trasladen al prefecto hasta Sucre, donde se le deberá seguir un proceso (sin gozar de libertad) ante la Corte Suprema de Justicia y no en un juzgado ordinario en La Paz como pretende el oficialismo.

La autoridad regional fue detenida y trasladada a La Paz, acusada de desacato a un estado de sitio (limitación de libertades constitucionales) decretado por el Poder Ejecutivo para frenar la violencia política desatada en Pando, fronterizo con el Brasil, donde fallecieron 18 personas, 16 de ellas en una matanza de campesinos partidarios del presidente Evo Morales.

Para el oficialismo, el gobernador del departamento de Pando es el autor intelectual de esos hechos de sangre que ahora están siendo investigados por una comisión de la verdad de Unasur, encabezada por el abogado argentino Rodolfo Mattarollo, a solicitud de La Paz.

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