Está descartada la locura del ex dictador Pinochet

Victor Vaccaro – Chile

Adelantándose a las previsiones y en medio de total reserva los peritos designados para realizar los exámenes mentales y neurológicos a Augusto Pinochet entregaron el lunes en la tarde al juez Juan Guzmán las conclusiones de cuatro días de pericias ordenadas por éste, para determinar si el inculpado está en condiciones de ser interrogado y sometido a proceso como autor de secuestros y homicidios múltiples, consumados por la «caravana de la muerte».

No obstante el hermetismo que se mantuvo respecto al contenido del informe, trascendió en círculos próximos a la defensa que los tests específicos no habrían encontrado indicios de locura, pero sí secuelas cerebrales producto de accidentes vasculares sufridos hace algún tiempo, aunque no se precisó si el desmejoramiento de la irrigación cerebral pudiera considerarse como una «demencia vascular».

Según el Código de Procedimiento Penal si el informe es unánime, el magistrado debe considerarlo como prueba, pero si no existe acuerdo entre los peritos está facultado para calificarlo como una presunción con un grado variable de fundamento. Corresponde solo a Guzmán definir cómo incidirán las conclusiones médicas en la realización o no del decisivo interrogatorio, fijado por este para el 23 de enero, después de dos postergaciones concedidas extremando las garantías procesales al acusado.

Hasta ahora el ministro de fuero y las Cortes han subrayado que la legislación chilena solo contempla el sobreseimiento de un inculpado enfermo y mayor de 70 años si se comprueba un estado de demencia. De mantenerse ese criterio, aunque los exámenes confirmaran diversas enfermedades, Pinochet tendría que ser declarado reo y arrestado en su domicilio.

Para impedirlo, el abogado Ambrosio Rodríguez anunció que recurrirá a las disposiciones de la reforma judicial que está en rodaje en dos regiones de Chile, y según la cual «el juez Guzmán tendría que determinar si hay alguna alteración de salud que produzca algún efecto en la capacidad del general (r.) para ser sujeto de un juicio de acuerdo a las normas del debido proceso».

Entretanto, el fracaso de la búsqueda de seis cuerpos de desaparecidos en la Cuesta Barriga, la información más precisa entregada por las Fuerzas Armadas en cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Diálogo, ha intensificado las críticas de los familiares y puesto en duda la veracidad de la información, por lo que el gobierno pidió calma y tiempo para recabar más precisiones a los uniformados respecto a los 200 casos ya reconocidos como asesinados y arrojados al mar.

La abogada querellante, Carmen Hertz, viuda de un desaparecido, calificó la información entregada como «una confesión atroz de que se implementó una política de exterminio desde el aparato del Estado, mientras Pinochet era comandante en jefe y autotitulado Presidente de la República», aunque la forma en que se entregó constituyó un agravio más a los familiares, «por estar llena de inconsistencias, errores y contradicciones con lo que los procesos hasta ahora arrojaban».