Lagos quiere información

Santiago, AFP

El tema fue tratado el fin de semana con el secretario de Defensa para hacer llegar la aspiración a los mandos militares, dijo el titular del ministerio del Interior, José Miguel Insulza.

«Se está pidiendo más información, si la hubiere, y, además, aclarar contradicciones en algunos de los datos» ya recibidos, manifestó a su vez a la prensa el ministro secretario de Gobierno, Claudio Huepe.

El informe sobre la suerte final de presos políticos que jamás aparecieron con vida durante o después del régimen pinochetista contiene versiones recogidas bajo protección de secreto entre miembros y ex miembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía de Carabineros.

Las confesiones de implicados y testigos, reunidas en los pasados seis meses, establecieron que 151 disidentes fueron asesinados y arrojados al mar y que entre 20 y 30 presos fueron sepultados en fosas clandestinas en dos áreas rurales a 40 km de Santiago. Sin embargo, la excavación de dos días de búsqueda de una de las supuestas tumbas colectivas, cuya ubicación en el sector de Cuesta Barriga (al oeste de la capital) fue mencionada en el informe castrense con precisión de centímetros, terminó en el más completo fracaso. La apertura de la otra sepultura común, en el pueblo Colina, al norte de la ciudad, no ha sido aún intentada.

Los detenidos desaparecidos durante la represión policial de la oposición a Pinochet llegaron a sumar casi 1.100, pero sucesivos y esporádicos hallazgos de cadáveres dejaron la cifra en torno a los 970 casos.

El reciente informe de las fuerzas armadas para facilitar una nueva búsqueda no hizo mención a la totalidad de los casos denunciados, sino a unos 170 desaparecidos.

La frustración de Cuesta Barriga «amenaza la credibilidad del Presidente (Ricardo Lagos) y de los jefes de las fuerzas armadas», criticó este lunes Mireya García, secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

«No creo que haya habido una actitud premeditada» de engaño en el informe de las ramas castrenses, opinó el ministro del Interior.

La recopilación de antecedentes, acordada en la llamada mesa de diálogo cívico-militar instalada en 1999, fue entregada al presidente Lagos el 5 de enero y traspasada al día diguiente al Poder Judicial.

En su primera reacción, la Corte Suprema designó a los jueces de fuero Héctor Carreño y Amanda Valdovinos para indagar en terreno las supuestas fosas de Cuesta Barriga y Colina.

«Tenemos esperanzas» de hallar víctimas, dijo este lunes el presidente del tribunal superior, Hernán Alvarez, tras comunicar medidas y estudios de los magistrados para mantener la búsqueda.

Además del desaliento por el fracaso en Cuesta Barriga, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos denunció el sábado que otros antecedentes del informe militar se contradicen con anteriores averiguaciones judiciales y extrajudiciales, con versiones recogidas por la ex Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica y revelaciones de testigos de detenciones y homicidios.

Muchos de los detenidos que las fuerzas armadas consignan como arrojados al mar, ríos y lagos fueron vistos en cárceles y cuarteles en fechas posteriores a las mencionadas en el informe, según la agrupación.