CUATRO PREFECTOS CONTRA BOLIVIA

Seguimos, a lo largo de la jornada, la transmisión en directo desde la Casa Campestre de Cochabamba hasta la conferencia de prensa final del ministro de Desarrollo Agropecuario y Rural, Carlos Romero, y la comparecencia de Mario Cossío, prefecto de Tarija, para expresar su desacuerdo en nombre también de sus colegas Rubén Costas de Santa Cruz, Ernesto Suárez de Beni y Savina Cuéllar de Chuquisaca. Los otros cinco prefectos manifestaron su conformidad con la propuesta del gobierno y firmaron el documento elevado al Congreso: Mario Virreira de Potosí, Alberto Luis Aguilar de Oruro, Pablo Ramos Sánchez de La Paz , Rafael Puente de Cochabamba y Landelino Rafael Bandeiras de Pando.

Sobre el tema de las autonomías, punto central del debate, el ministro Romero informó sobre los acuerdos a que arribó la Comisión de trabajo respectiva. Es un documento minucioso, elaborado con extrema precisión, que a lo largo de varias páginas procura compatibilizar las formas de autonomía incorporadas a la Constitución (regionales, municipales, indígenas, etc.) con las reclamadas por los prefectos; y al efecto estatuye cuáles son las atribuciones y potestades irrenunciables del gobierno central, cuáles las de las prefecturas y cuáles son compartidas. Todo esto en forma muy concreta y detallada, a efectos de evitar futuras confrontaciones.

Otro tanto acontece con el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos). Se establecen normas para la distribución de su recaudación, contemplando en parte el reclamo de las prefecturas, pero asegurando en todos los casos el pago de la Renta Dignidad a las personas mayores que lo requieren. También en este plano se advierte un gran esfuerzo por compatibilizar las posiciones contrapuestas, lo que se logró mediante un trabajo esforzado en el seno de ambas comisiones técnicas de integración plural.

Pero nada conforma a los prefectos opositores. En la comparecencia de los cuatro ante cámaras y micrófonos, con Mario Cossío como vocero, dijeron que los acuerdos alcanzados no les satisfacían, pero no adujeron ninguna razón en concreto. Sostuvieron que debían incorporarse otros temas y otros cambios a la Constitución , lo que nunca estuvo en debate a lo largo de este mes. Poco menos que pedían partir de foja cero en el análisis del texto de la Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente, lo que implicaba dilatar hasta las calendas griegas el proceso de ratificación por el referéndum (que es en el fondo lo que están buscando). Tanto más cuando, por otro punto, reclaman que se proceda a una auditoría integral del padrón electoral, del programa de carnetización y registro civil, y agregan, en forma taxativa, que antes de que se concluyan estos trabajos no se podrá realizar ningún proceso electoral. O sea que plantean detener el proceso de ratificación de la Constitución, la que implica una verdadera refundación de Bolivia e incorpora principios profundamente democráticos y participativos, así como de afirmación de su soberanía en todos los terrenos, además de consagrar las demandas seculares de los pueblos originarios.

Hay otro punto de la propuesta opositora que bordea el cinismo, cuando pretende que el gobierno se comprometa «a no impulsar acciones judiciales que tengan connotación política contra dirigentes cívicos, sociales y autoridades de departamentos movilizados». El gobierno no impulsa ninguna acción judicial. La justicia y la fiscalía están actuando en el ámbito de sus competencias en relación al monstruoso crimen de Pando, en que aparece como principal responsable el ex prefecto encarcelado Leopoldo Fernández, y a la voladura de un gasoducto a Brasil, en torno al cual se investiga a dos integrantes de la prefectura de Tarija. Ambos hechos dan la medida de los métodos de la actuación opositora. En estas condiciones, la posición del gobierno consistió en reclamar el pronunciamiento del Congreso sobre el documento que le fue remitido con la firma de los cinco prefectos y llamar a todas las organizaciones a que se manifiesten al respecto, con vistas a fijar fecha del referéndum dirimidor en 2009 y convocar a nuevas elecciones.

Esta es una causa esencialmente latinoamericana, como lo demuestran las sucesivas resoluciones de Unasur y su seguimiento directo de todo el proceso, junto a una delegación de la OEA encabezada por Dante Caputo y a representantes de la ONU.