Evo fijó el domingo como fecha final para el acuerdo

El presidente Evo Morales fijó el domingo como fecha definitiva para lograr un acuerdo que pacifique a Bolivia y lo hará con o sin sus interlocutores, cuatro prefectos rebeldes que se retiraron el miércoles de la mesa argumentando falta de garantías por la detención de un dirigente cívico opositor.

Morales puso como plazo fatal el domingo para sellar un convenio con los prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija), Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni) que ponga fin a una crisis que mantiene en vilo al país y lo expuso hace tres semanas a una guerra civil.

«El domingo es definitivo, yo voy a estar allá (en Cochabamba, sede de las negociaciones) y ojalá que los prefectos estén», dijo Morales en referencia a la decisión de las autoridades regionales de suspender las conversaciones en protesta por la detención de José Vaca, un dirigente cívico acusado de la voladura de un gasoducto.

«El gobierno no cumplió con su compromiso de respetar las garantías constitucionales de las personas y no impulsar procesos contra las personas involucradas en las movilizaciones cívicas», afirmó Cossío, vocero de los prefectos, el anunciar el miércoles la suspensión del diálogo.

Además de Vaca, la fiscalía dispuso la detención de Jimmy Benítez, también incriminado por la explosión del gasoducto a Brasil que ocasionó daños por 8 millones de dólares, según el gobierno.

La oposición teme que las detenciones alcancen a otros dirigentes cívicos como el líder del poderoso comité de Santa Cruz, el próspero empresario Branko Marinkovic.

«Varios dirigentes están siendo detenidos sin un debido proceso, por el sólo hecho de apoyar a las autonomías departamentales (demanda central de la oposición). No se puede continuar con esta persecución política», dijo Marinkovic.

Durante los episodios de septiembre, grupos de derecha ocuparon y saquearon oficinas regionales del Estado, quemaron documentación y mobiliario de Reforma Agraria, Impuestos y Aduanas, tomaron control de aeropuertos y de peajes y cortaron rutas en cinco de los nueve departamentos bolivianos.

A pesar de las detenciones, el gobierno volvió a llamar a los prefectos opositores a no poner piedras en el camino de un acuerdo, que es observado en situ por diplomáticos y representantes de la ONU, OEA, Unasur y Unión Europea.

El influyente ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo derecho del presidente Morales, puso en tela de juicio el argumento de la oposición para suspender el diálogo y señaló que los delitos, de los que se acusa a los dirigentes detenidos, no pueden ser sometidos a una negociación.

«Sus preocupaciones, acerca de una presunta persecución política contra dirigentes y ciudadanos, aparentemente inocentes, son falsas y no tienen asidero alguno», indicó Quintana.

Tras la turbulencia de septiembre, que dejó 19 muertos, el presidente y los cuatro prefectos (un quinto prefecto opositor está detenido acusado de azuzar una masacre campesina) han dialogado para tratar los temas que han generado la crisis política boliviana.

Los temas que se discuten son la aprobación de una nueva Constitución con fuerte dosis estatista e indígena y que la oposición considera ilegítima por la forma como fue aprobada sin consenso ni discusión; y las autonomías que las regiones reclaman desde hace años y que para el gobierno de Morales son secesionistas.

Adicionalmente, las regiones reclaman que se les regrese una parte de sus recursos -provenientes de un impuesto petrolero- que el gobierno les retiró a finales de 2007.

El riesgo latente de que fracasen las conversaciones hicieron temer un reflote de las protestas sociales, al existir la amenaza de sindicatos campesinos progubernamentales de iniciar protestas contra los prefectos rebeldes.