OPINION INTERNACIONAL

DIALOGO EN BOLIVIA

Hacia Cochabamba han afluido manifestaciones de campesinos, de cooperativistas mineros desde Oruro, al tiempo que se han intensificado las movilizaciones en Santa Cruz de sectores afines al gobierno, que reclaman la renuncia del prefecto Rubén Costas, cabeza visible de la oposición, y la devolución inmediata de las instalaciones gubernamentales, que han sido invadidas, destruidas y saqueadas por bandas de vándalos al estilo de la Unión Juvenil Cruceñista. Estas movilizaciones se intensificaron a raíz de la masacre de campesinos perpetrada el jueves 11 en las cercanías de Cobija, capital del departamento de Pando, y de las depredaciones perpetradas por los opositores y sus huestes armadas contra las dependencias públicas y las instalaciones petroleras. Se está logrando que éstas regresen paulatinamente al control estatal, pero al mismo tiempo se puede medir la enorme magnitud de las destrucciones provocadas. El punto 5 del convenio establece taxativamente: «Repliegue inmediato d las oficinas públicas e instalaciones petroleras de personas ajenas a las mismas, a fin de restablecer los servicios públicos».

El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, está detenido en la Academia Nacional de Policías de La Paz. La Fiscalía General abrió en su contra un proceso por genocidio y un fiscal de la materia le imputó los delitos de asesinato y lesiones gravísimas. El ministro de Gobierno informó de 15 muertos identificados, otras versiones duplican la cifra, además de decenas de heridos y un centenar de desaparecidos.

Es en este clima que se inició ayer el diálogo, con la finalidad expresa de detener la violencia y restablecer la convivencia pacífica (punto 7). Se acordó crear tres comisiones. La primera tratará sobre el IDH (impuesto directo a los hidrocarburos) sobre una base doble: derecho de los departamentos a percibir el IDF, pero garantizando a la vez el pago de la Renta Dignidad y sus sostenibilidad mediante las distintas fuentes de financiamiento establecidas por ley (punto 2). Sobre el tema de las autonomías, derivado a la Comisión 2, se trazan dos directivas: el gobierno respeta el derecho a la autonomía de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz (punto 3) y a la vez establece que la nueva administración territorial deberá considerar «la implementación constitucional de la autonomía departamental» (punto 6). Se trata en suma de compatibilizar los llamados «estatutos autonómicos» con las diversas formas de autonomía estatuidas en la nueva Constitución. La tercera Comisión deberá resolver sobre los cargos acéfalos en el Poder Judicial.

Sobre el gran tema de la Constitución , precisamente, cuya entrada en vigencia el gobierno desea colocar cuanto antes en manos del pueblo y que los prefectos rechazan, se acordó que el gobierno suspenderá la convocatoria a referéndum constitucional en el Congreso por el plazo de un mes, en primera instancia (punto 8).

Las investigaciones sobre la masacre de Pando siguen su curso en forma independiente, como venimos informando, con el prefecto Leopoldo Fernández como principal acusado, y en estas horas se decidirá si va a la cárcel o no. En el convenio se reclama el esclarecimiento de los hechos, a través de organismos imparciales y una comisión congresal, garantizándose en todos los casos el debido proceso (punto 9).

Decíamos que en estos días se ha puesto de relieve la magnitud de los destrozos cometidos por las bandas opositoras en edificios estatales. En Santa Cruz, comprenden a la Aduana , la Compañía Logística de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Terminal bimodal, y varios otros que aún no han sido devueltos a sus autoridades, como Migración, Impuestos Internos, INRA (Reforma Agraria) y Entel, así como las oficinas de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidop). En el Beni, el vandalismo se cebó en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Trinidad, su capital, donde aún no se restablecieron los vuelos.

A última hora nos llega una información acabada de la destrucción del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) de Santa Cruz, a lo cual nos referiremos en particular.

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