El gobierno boliviano y la oposición pactan diálogo

Las discusiones tendrán como facilitadores y testigos a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), a la Iglesia Católica, la Unión Europea y Naciones Unidas.

El entendimiento prevé el inicio de negociaciones en la ciudad de Cochabamba y establece entre otras medidas la devolución al Estado de oficinas públicas tomadas por los opositores, el restablecimiento de la paz y una investigación imparcial de la masacre de 16 campesinos en Pando la semana pasada, anunció el gobierno.

El acuerdo fue firmado en la madrugada por el gobierno, pero la oposición recién lo hizo por la noche en presencia de representantes de la Iglesia Católica, apenas horas después de que el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío, advirtiera a la prensa que el diálogo «no ha muerto, pero está en agonía».

Cossío estampó su firma en representación de las autonomistas Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, abriendo la puerta a una distensión entre esas cinco regiones bolivianas (de nueve) y el gobierno, luego de tres semanas de violentas protestas que dejaron 19 muertos a bala, la mayoría campesinos leales a Morales. El último fallecido fue un joven de la derechista Unión Nacional Cruceñista. «Que sea el inicio de un gran acuerdo nacional para que le demos paz y tranquilidad a nuestra gente», dijo el prefecto de Tarija.

Los prefectos habían objetado previamente el documento en protesta por la detención y posterior confinamiento del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien el gobierno responsabiliza de la matanza.

A causa de la detención de Fernández algunos habitantes de Cobija, capital de Pando, cruzaron la frontera con Brasil para refugiarse de eventuales represalias del gobierno, según dijeron a medios de prensa.

En el acuerdo también se pactó que mientras el diálogo esté en curso el gobierno debe dejar en suspenso el referendo sobre una nueva Constitución -previsto para enero de 2009-, una de las principales demandas de las cinco regiones bolivianas que rechazan el texto, al que tachan de ser excesivamente indigenista y estatista.

Mientras la reanudación del diálogo fraguaba, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, designó al ex canciller Juan Gabriel Valdés como su representante en la comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), destinada a apoyar un acuerdo.

En medio del grave conflicto interno, Bolivia recibió el martes la comunicación de que Washington la incluyó en una lista de países que no cumplen con sus obligaciones de lucha contra el narcotráfico.

Al respecto Morales dijo: «El gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna moral para hablar de la droga, para hablar de certificación o descertificación. Esta política maldita droga-cocaína ha sido importada de Estados Unidos».

El vicepresidente Alvaro García había dicho antes que «Bolivia ha cumplido de manera religiosa los convenios internacionales en cuanto a la reducción de cultivos de coca respetando los derechos humanos».

El gobierno de Morales expulsó al embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, quien partió a su país el domingo acusado de conspirar y alentar aspiraciones separatistas de la oposición boliviana.

Antes de partir de Bolivia, Goldberg advirtió que su expulsión «podría tener efectos serios en muchas formas», incluyendo en la lucha contra el narcotráfico.

Tras la expulsión de Goldberg, Estados Unidos replicó con igual medida y expulsó al embajador boliviano en Washington, Gustavo Guzmán, en medio de una crisis sin precedentes en las relaciones diplomáticas bilaterales, que comenzaron a deteriorarse desde la asunción de Morales en enero de 2006.