"NOS MATARON COMO PERROS"

Vimos en la medianoche del domingo, por Telesur, el testimonio aterrador de una mujer campesina que escapó por milagro de la matanza en las cercanías de Porvenir, próxima a su vez de la capital departamental (Cobija). Describía en llaga viva cómo fueron perseguidos con saña por el monte por parte de los grupos armados. «Nos mataron como perros», resumió. A los sobrevivientes los siguieron maltratando, «y ni siquiera nos dejaron recoger a nuestros muertos», agregó. Horas después varios de ellos fueron velados en Cobija, muchos quedaron tirados en el monte y otros aparecieron flotando en las aguas del río próximo. Vimos a otro campesino herido, con el rostro totalmente vendado, que describió la persecución, las torturas, los golpes y los vejámenes sufridos por los indígenas, impregnados de furor racista. No termina aquí el relato de la barbarie. Es sabido que estos llamados comités cívicos (que son aquí, al igual que en Santa Cruz, remedos de los grupos de choque de las juventudes hitlerianas) realizaron su obra de destrucción vandálica en carreteras, edificios públicos, en campos petrolíferos, cerraron las válvulas impidiendo el flujo de gas y también coparon varios aeropuertos. Lo mismo pretendieron hacer en el aeropuerto de Cobija. Y cuando llegaron las fuerzas militares en cumplimiento del estado de sitio, las recibieron con fuego de ametralladora. Esto lo dijo el domingo el viceministro de Coordinación con los movimientos sociales, Sacha Llorenti. Desde que llegaron los efectivos, las muertes cesaron.

Los representantes del gobierno dejaron claramente establecido que estos actos criminales no serán objeto del diálogo del gobierno con los prefectos opositores. Serán objeto de investigación, juicio y condena. Los muertos no se negocian; no habrá impunidad ni olvido, dijo Llorenti. Se afirma que el Ejecutivo pedirá 30 años de cárcel contra el prefecto, la pena máxima establecida en las leyes. En el mismo sentido, el vicepresidente Alvaro García Linera declaró que las negociaciones con los prefectos opositores no contemplan eximir al prefecto de Pando de las acusaciones de genocidio que le abrirá el gobierno. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Gobierno, Alfredo Rada, expresaron que el Ejecutivo no descansará hasta sancionar a los responsables intelectuales y materiales del genocidio. Los últimos reportes de la zona elevan la cifra de muertos a una treintena, medio centenar de heridos y 106 desaparecidos.

Resulta revelador establecer quiénes intentan salvar de su responsabilidad al prefecto Fernández (quien por otra parte ha sido acusado de violar las disposiciones del estado de sitio, sin que se conozca exactamente su paradero y se conjeture que podría traspasar la frontera hacia Brasil). Lo defiende Jorge «Tuto» Quiroga, hoy líder del partido opositor Podemos y ex presidente cuyo gabinete ministerial integró precisamente Leopoldo Fernández. También lo defienden los restantes prefectos de la «medialuna» y la de Chuquisaca, aunque ­según leemos en la prensa boliviana­ «no se sabe aún cómo actuarán cuando se abra oficialmente el proceso judicial por genocidio anunciado por el Poder Ejecutivo». Tampoco se conoce el paradero de los líderes del comité cívico local, Ana Melena y Ricardo Simokawa. Este dijo que se encontraba, circunstancialmente, en Brasil cuando se decretó el estado de sitio.

Hoy, martes, se instalará en el Congreso una Comisión de investigación como cabeza del Ministerio Público para entender en el tema. El jefe de la bancada, el MAS en el Senado, Félix Rojas, indicó que su sector impulsará el juicio contra el prefecto de Pando y exigirán al Ministerio Público indagar a los autores para procesarlos y sancionarlos. El vicepresidente de la República y presidente nato del Congreso, Alvaro García Linera, manifestó que Leopoldo Fernández enfrentará un juicio de responsabilidades impulsado por el gobierno, porque «las evidencias de que financió y dirigió bandas armadas para masacrar a campesinos en Cobija son claras». Veremos qué sucede.