Dos años negociando

Bogotá, AFP

Las negociaciones se hallan suspendidas desde el pasado 14 de noviembre por decisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que alegan una supuesta inoperancia del gobierno del presidente Andrés Pastrana para combatir a los paramilitares de ultraderecha, enemigos acérrimos de los rebeldes.

El movimiento insurgente, el más antiguo y poderoso del país con unos 12.000 efectivos, condiciona su regreso a la mesa de diálogo a que el mandatario desarrolle políticas para «liquidar» a esas bandas, reunidas en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Pero al igual que las FARC, el gobierno ha dejado en manos de su contraparte la responsabilidad de reanudar las conversaciones y coincide con éste en que mantiene firme su voluntad de resolver pacíficamente el conflicto interno, el más antiguo de Latinoamérica con cuatro décadas.

Desde su inicio, el 7 de enero de 1998, los diálogos han sido suspendidos en seis ocasiones.

Mientras tanto, el próximo 31 de enero expira la vigencia legal de la zona desmilitarizada del sur del país, de 42.000 km2, escenario del esquema de paz y bajo control de las FARC desde noviembre de 1998, cuando Pastrana satisfizo la exigencia guerrillera de retirar las tropas de esa región.

El gobernante extendió el período legal de ese territorio el pasado 7 de diciembre, pero solo por 56 días –la prórroga más corta decretada hasta ahora–, y dijo que lo hacía para darle una «nueva oportunidad a la paz».

La crisis en que entró el esquema de pacificación tras su «congelamiento» se agudizó con el asesinato el pasado 29 de diciembre del congresista opositor y presidente del comité de paz de la Cámara baja del Congreso, Diego Turbay, su madre Inés Cote, y de otras cinco personas, en un atentato atribuido por el Ejército a las FARC.

Pastrana aseguró un día después del crimen que tenía «serios indicios» de que las FARC mataron a Turbay y que, en caso de comprobarse la responsabilidad de los rebeldes, se pondría en peligro el proceso de reconciliación.

Sin embargo y después de dos pronunciamientos ambiguos, las FARC negaron este domingo ser las autoras del homicidio y señalaron que en la zona donde este se cometió –un paraje próximo al área neutral– operan comandos paramilitares y tropas del Ejército.

«Se apresuraron a asegurar que las FARC tienen responsabilidad en ese caso y, como no es cierto y no tienen pruebas, ahora tendrán que demostrarlo», declaró el portavoz de las FARC, Raúl Reyes.

Previamente, el líder rebelde había dicho que el parlamentario liberal y su madre «tenían muchísimos enemigos» y que las FARC poseían información de que «auspiciaban» la guerra sucia y a los paramilitares.

Tras el asesinato de Turbay, algunos líderes políticos pidieron a Pastrana suspender o, en todo caso, reorientar el proceso de paz, que el mandatario aceptó llevar a cabo en medio de la confrontación, y exigieron al grupo marxista gestos que demuestren su voluntad de diálogo.

El ex candidato presidencial y líder del partido Liberal, Horacio Serpa, afirmó la semana pasada que «las negociaciones están en su peor momento y que es necesario cambiar no solo de estrategias de negociación, sino, además, buscar una tercería internacional para intentar salvar el proceso».

«Tenemos que aceptar con modestia y pragmatismo que nosotros solos no hemos sido capaces de superar el conflicto y requerimos la ayuda de buenos componedores internacionales», estimó Serpa, quien perdió las elecciones ante Pastrana en 1998.

Por su parte, la también ex candidata independiente Noemí Sanín, una de las favoritas para alcanzar la presidencia en 2002, reiteró la víspera en una carta enviada al jefe de las FARC, Manuel Marulanda (‘Tirofijo’), que «la negociación en medio de la guerra colapsó» y que por ello es «urgente» declarar un cese al fuego.

Sanín también consideró necesario acordar un «reglamento claro» para la zona de distensión, que, según el Ejército, está siendo utilizada por las FARC para fortalecer sus cuadros militares, traficar con drogas y armas y esconder a las personas que secuestran en otras regiones del país.

La ex candidata estimó además que «es imperiosa la participación en el proceso de un comité verificador que garantice a las partes el cumplimiento de lo acordado, y un cronograma más preciso y con plazos definidos».