TRABAS A LA CPE EN BOLIVIA

La nueva Constitución Política del Estado (CPE) se terminó de aprobar el 9 de diciembre de 2007 en Oruro con la mayoría requerida de dos tercios de los constituyentes, a pesar de las maniobras dilatorias de los partidos de oposición en la Asamblea Constituyente y de las violentas acciones desencadenadas por los prefectos opositores y los movimientos afines, que provocaron incluso varias muertes en Sucre. Una de sus disposiciones establece que el Poder Ejecutivo debe fijar la fecha del referéndum para su aprobación en un plazo de 120 días, que ya se ha excedido. El ministro de Defensa, Walker San Martín, explicó en el acto de la firma del decreto ante los líderes de los movimientos sociales agrupados en el Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam) que el referendo constitucional tiene sustento legal en la ley Nº 3836, del 29 de febrero de 2008, y que pondrá término al proceso constitucional iniciado el 6 de marzo de 2006.

Como se sabe, el referéndum aprobatorio (de la Constitución) estará acompañado por un referéndum dirimitorio, en que el soberano se pronunciará sobre la extensión máxima de propiedad territorial en una sola mano, que podrá ser de 5 mil o de 10 mil hectáreas. La fórmula que obtenga mayoría será incorporada a la nueva Carta Magna. Este es uno de los puntos resistidos con uñas y dientes por los oligarcas de la tierra de Santa Cruz y Beni, sobre todo, que tienen propiedades, en varios casos mal habidas, de 80 mil y hasta 100 mil hectáreas. El 7 de diciembre se votarán además los siguientes cargos: los nuevos prefectos de La Paz y de Cochabamba, ya que los anteriores titulares, José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, fueron revocados el 10 de agosto con porcentajes de votos en contra de 64,52% y 64,81%, respectivamente; los subprefectos de las provincias en que se divide cada departamento, y los consejeros departamentales que conformarán los consejos civiles para fiscalizar la labor de los prefectos en los 9 departamentos. Por añadidura la prefecta Savina Cuéllar, recientemente electa, se propuso realizar un «referéndum autonómico» en Chuquisaca, siguiendo los pasos de sus congéneres de la «media luna».

En respuesta al éxito consagratorio obtenido por Evo Morales en el revocatorio, los prefectos exacerbaron sus violentas acciones opositoras, con paros cívicos, cortes de carreteras, bloqueo de aeropuertos, toma de edificios gubernamentales e incluso con acciones racistas como las que en los últimos días se desarrollaron en Santa Cruz, en que los partidarios de Evo Morales que festejaban la convocatoria al referéndum constitucional fueron insultados y golpeados brutalmente por las bandas juveniles armadas al grito de «No queremos a esta raza maldita en nuestra tierra, vuelvan a su tierra». Estas imprecaciones pueden leerse en el diario La Prensa.

El pequeño dúo que conformó una escuálida mayoría de la Corte Nacional Electoral viene a darles la razón. El subterfugio utilizado consiste en proclamar que los referendos se podrán realizar siempre y cuando el Congreso apruebe una ley de convocatoria específica. Esto contraría los fundamentos jurídicos invocados por el gobierno, pero oculta además un cangrejo bajo la piedra y es que el Senado está controlado por la oposición (y presidido además por un senador de Santa Cruz), que ha hecho de la lucha contra la nueva Constitución su objetivo principal, por las razones antes señaladas.

Leemos en Los Tiempos de Cochabamba del 2 de setiembre que «la inesperada reacción del órgano electoral, asumida por dos de sus tres vocales, fue recibida con cautela por los dirigentes cívicos y prefecturales opositores. En cambio el gobierno y los sectores sociales afines reaccionaron contra los vocales electorales y anticiparon que el decreto emitido por el Ejecutivo se cumplirá y las consultas y elecciones convocadas se realizarán de toda forma».

Sea como fuere, se prevé una agudización de la confrontación. Veremos qué actitud asume el presidente a su regreso de Irán.