Hacia la nueva Constitución

Los prefectos de los departamentos señalados han puesto el grito en el cielo. Una vez más desoyeron el llamado al diálogo que les reiteró el presidente Evo Morales desde el Palacio Quemado la noche misma de su gran victoria en el referéndum revocatorio del 10 de agosto. Han tenido la osadía de proclamar que no van a permitir la realización del referendo aprobatorio de la Constitución en sus departamentos.

Como si fueran virreyes o dueños de todos los poderes. Continúan en la actitud ilegal que los llevó a realizar, en violación de todas las normas, los llamados «referendos autonómicos» y una serie de acciones agresivas de acentuado tinte racista contra los indígenas y campesinos, ataques de los grupos de choque a policías y periodistas, corte de rutas y carreteras, ocupación de oficinas estatales, cese del envío de carne a los departamentos de occidente, toma de aeropuertos impidiendo la llegada de Evo y sus ministros (en un caso el helicóptero debió aterrizar en Brasil), a lo que se agrega la gravísima amenaza de toma de los campos productores de hidrocarburos y cierre de válvulas, susceptible de generar una catástrofe nacional.

Cabe destacar la estricta legalidad del decreto de convocatoria. El proyecto de Constitución se aprobó en Sucre, capital de Chuquisaca, en medio de violentas acciones promovidas por las fuerzas opositoras que llegaron a causar varias muertes. La aprobación culminó en Oruro el 9 de diciembre 2007, con la mayoría requerida de 2/3 de los constituyentes. Una de sus disposiciones establece que el Poder Ejecutivo debe fijar la fecha del referéndum para su aprobación, con un plazo de 120 días, que ya se excedió largamente. El ministro de Defensa Walter San Miguel (que es abogado) explicó ante decenas de líderes sociales que el referendo constitucional tiene sustento legal en la ley Nº 3836, de 29 de febrero 2008, y que pondrá término al proceso constituyente iniciado el 6 de marzo 2006.

El anuncio de la convocatoria fue realizado por el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana en presencia del alto mando militar y policial, de todos los ministros, dirigentes sociales, legisladores y multitud de periodistas. El decreto recibió el apoyo de los movimientos sociales agrupados en el Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam), cuyos representantes estaban presentes en la sede gubernamental. De inmediato la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) aprobó la iniciativa «para refundar Bolivia». Su dirigente Adolfo Chávez declaró que en la nueva Constitución se encuentran las demandas de todos los sectores sociales, que el soberano puede elegir democráticamente qué tipo de Estado prefiere y que la nueva Carta Magna es la mejor garantía de obtener las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas.

Además de la consulta sobre la nueva CPE, el decreto llama a un referéndum nacional dirimidor para definir la máxima extensión de la tierra en manos de un propietario; a la elección de los prefectos de La Paz y Cochabamba que fueron revocados el 10 de agosto (José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, respectivamente); y a la elección de 112 subprefectos de las provincias y de consejeros departamentales que formarán los consejos civiles para fiscalizar la labor de los prefectos en los nueve departamentos. El referéndum dirimitorio sobre la tierra tiene extraordinaria importancia, y es uno de los puntos más resistidos por los prefectos secesionistas. Se fijan dos opciones para la máxima extensión de la propiedad territorial: 5 y 10 mil hectáreas, y la que resulte aprobada se incorporará al texto de la Constitución. Los sectores oligárquicos de Santa Cruz y Beni detentan propiedades de 80 mil y hasta 100 mil hectáreas, de ahí su resistencia.

El Conalde (Consejo Nacional Democrático), que agrupa a los movimientos reunidos en torno a los prefectos opositores se reunió para adoptar medidas de resistencia contra la realización del referéndum. En contraste, Evo Morales designó a los ministros que uno por uno se van a entrevistar con los cinco prefectos opositores para «recoger sus iniciativas, preocupaciones y propuestas», reiterando la disposición permanente del gobierno al diálogo. Morales dijo al promulgar el decreto que «no sólo es un pedido de organizaciones y sindicatos, es un mandato del pueblo para consolidar esta política de cambios», en referencia al 67,41% de los votos que lo ratificaron en el cargo tres semanas atrás. Y agregó: «Tenemos que avanzar en la refundación de Bolivia para garantizar un estado plurinacional. Estamos hablando de transformaciones profundas en democracia. Que el pueblo decida con su voto sobre la Constitución».

La OEA se ubicó nuevamente en una posición de mediación. El viernes su secretario general José Migual Insulza renovó su llamado al diálogo desde Washington, en una sesión del Consejo Permanente que analizó el informe de la Comisión observadora del organismo en el referéndum, presidida por el guatemalteco Eduardo Stein.

El Frente Amplio uruguayo expresó su apoyo y felicitación al gobierno boliviano por el resultado del revocatorio, que refrendó la continuidad de la política de cambios progresistas desarrollada desde el gobierno, y saludó su decisión de «actuar sin vacilación y en todas las circunstancias en los marcos de la Constitución y de la ley para superar el diferendo con la oposición y de reiterar su llamado al diálogo, en busca de una solución pacífica al conflicto político, el respeto al orden constitucional y la condena de cualquier llamado a la violencia».

La nueva Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su territorio, dominio, autonomía y autogobierno, asume los principios morales de los pueblos indígenas (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), agrega el «vivir bien, vida armoniosa, vida buena, tierra sin mal y camino noble», respeta la propiedad privada «pero la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, previa indemnización justa», y declara: «Los hidrocarburos son de propiedad del pueblo boliviano; son nulos los contratos firmados que vulneren este principio y sus ejecutores serán declarados traidores a la patria».

 

CHOQUES EN DOS REGIONES

Fuertes choques en dos regiones de Bolivia entre detractores y simpatizantes del presidente Evo Morales, incluso con tintes de racismo, agravaron la severa radicalización política tras la decisión del gobierno de convocar a un referendo para aprobar una Constitución que la oposición rechaza. En Santa Cruz -la región más rica de Bolivia y donde el presidente enfrenta la mayor resistencia- se registró el viernes el primer brote de violencia política cuando grupos radicales afines al poderoso comité cívico-empresarial y de adeptos al gobernante izquierdista se enfrentaron con un saldo de varios contusos, según imágenes de redes privadas de televisión.

Las agresiones con piedras y palos se produjeron cerca de la Plaza de Armas adonde jóvenes opositores batallaron para evitar que llegaran partidarios de Morales que querían festejar la convocatoria el jueves al referendo constitucional.

«No queremos a esta raza maldita en nuestra tierra, vuelvan a su tierra», gritaban los jóvenes opositores, según reseña el diario La Prensa, en una señal de que la confrontación está marcada por fuertes tintes de racismo.

Poco antes, el vehículo de Carlos Dabdoub, uno de los principales dirigentes cruceños, fue apedreado por los simpatizantes del presidente. Otro episodio de violencia se presentó en la localidad de Villamontes, en el sureste de Bolivia y cerca a la frontera con Argentina, donde chocaron oficialistas y opositores.