¿Desacato o procesamiento?

La primera tarea «casi imposible» del nutrido equipo jurídico del ex dictador consiste en paralizar la secuencia de las diligencias ordenadas por el juez en cumplimiento de las instrucciones de la Corte Suprema y qué ésta ratificó de manera aplastante en el Pleno celebrado el viernes pasado dándole un espaldarazo concluyente a lo actuado por Guzmán.

Para ello presentaron a últimas horas ante la Corte de Apelaciones de Santiago sendos recursos de «no innovar», que en el mejor de los casos se verían el lunes y de ser acogidos podrían al menos paralizar la declaración indagatoria que debe comenzar en la mañana del lunes 9, en la residencia que haya establecido el desaforado senador vitalicio –cuestión para la que tenía plazo hasta la medianoche del viernes– y que no se pudo saber si había cumplido.

Si el tribunal de alzada no acepta este reclamo, como ya lo hizo la Suprema, el juez Guzmán quedará en condiciones inmejorables para procesar al anciano dictador si el martes próximo este se niega a declarar responder sus preguntas, que es lo que el pinochetismo ha tratado de impedir a como dé lugar, porque al margen de que esa diligencia se cumpla o no, queda expedito el camino para que el magistrado lo declare reo y disponga su arresto domiciliario.

Ante esta perspectiva, la defensa concurrió anoche a la casa del secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, para entregarle una petición al máximo tribunal que demanda en 27 páginas de argumentación, la remoción del juez Guzmán impuntándole una presunta parcialidad en el manejo de la investigación.

Lo que falta por precisar es si ya Pinochet incurrió en desacato respecto a la fijación o no del domicilio en que debe ser interrogado o si no se presenta a los exámenes mentales que deben comenzar hoy domingo en el Hospital Militar, en las condiciones de transparencia que estableció Guzmán, y que significan la participación de expecialistas de clínicas universitarias y la realización de contramuestras en los exámenes de laboratorio.

Retrocediendo notoriamente en su postura de rebeldía ante los tribunales, el vocero de la familia y ex vicecomandante en jefe del Ejército Guillermo Garín puntualizó en una declaración oficial que el inculpado «respeta estrictamente el Estado de Derecho y manifiesta permanentemente su preocupación por que su situación personal no afecte en absoluto otros campos de la vida nacional».

Agrega que «su defensa está ejerciendo los recursos legales que corresponden para corregir irregularidades procesales» y que «él y su familia no tienen inconveniente alguno en la realización de los exámenes médicos, en la medida que ellos se enmarquen en lo resuelto por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema». Garín explicó que este último punto alude a los últimos recursos judiciales presentados ayer ante ambos tribunales.

Entretanto, ayer al mediodía el presidente Ricardo Lagos recibió en La Moneda al Presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, para hacerle entrega solemne de los informes reunidos, en el marco de los acuerdos de la Mesa de Diálogo, por las instituciones armadas y religiosas, para ubicar los restos de 1.009 detenidos desaparecidos en manos de agentes de la tiranía.

Aunque el gobierno valoró la información reunida en los últimos seis meses y los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros sostuvieron que realizaron «el mayor esfuerzo posible» tras ese objetivo, trascendió que los antecedentes recogidos dan pistas valiosas en unos 200 casos concretos, que además podrían ayudar a esclarecer otros crímenes. Sobre todos estos aspectos y la posibilidad de prorrogar por otros seis meses la búsqueda, hablará esta noche el presidente Lagos.