Suprema Corte respalda al juez Guzmán

En lo que se considera un golpe mortal al plan con que el pinochetismo busca mantener a su líder en la absoluta impunidad, el Pleno de la Corte Suprema rechazó un recurso de la defensa con el que pretendía inhabilitar al juez Juan Guzmán, anular el itinerario para la realización de los exámenes mentales el 7 y 8, e interrogatorio el 9 del enero, después de lo cual el desaforado senador vitalicio incurrirá en desacato y podrá ordenarse su arresto para ser procesado en rebeldía, si se niega a cumplir con ambas diligencias judiciales como ha anunciado.

Por 15 votos contra 2 los integrantes del Máximo Tribunal desestimaron ayer la última arremetida de la defensa, y respaldaron totalmente todas las medidas adoptadas por el ministro sumariante en cumplimiento de los instructivos de la jerarquía judicial para efectuar las pericias siquiátricas y la declaración indagatoria al ex dictador antes de las 24 horas del próximo martes. Esto daba a Pinochet sólo hasta la pasada medianoche para fijar el domicilio dónde será interrogado por el juez Guzmán. Ayer, sin conocer su nuevo desastre en los tribunales, el inculpado se trasladó muy discretamente a su residencia en el balneario de Bucalemu, a algo más de 100 kilómetros de Santiago.

Sin embargo queda pendiente otro requerimiento que la defensa presentó el jueves en la Corte Suprema en los que reitera sus acusaciones a Guzmán por decisiones «abusivas y parciales» que apuntan a procesar de nuevo a su cliente como autor de 18 secuestros y 57 homicidios calificados cometidos por la «caravana de la muerte». La queja tiene pocas posibilidades de ser examinada antes del 9 de enero y de serlo debería experimentar el mismo fracaso en comento.

Entre los cargos que se formulan contra el ministro sumariante se menciona una carta de apoyo a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, víctima de una campaña de desprestigio del pinochetismo y el cuestionamiento a la credibilidad de los exámenes médicos que se le hagan a Pinochet en el Hospital Militar, por profesionales que fueron sus subalternos.

También queda por resolverse un reclamo contra Guzmán que presentó la defensa del general (r) Sergio Arellano Stark, jefe del comando militar que envió Pinochet al sur y norte del país para «agilizar» los resultados de los consejos de guerra que ahora investiga Guzmán. Dicho reclamo fue enviado a la Comisión de Controlo Etico del Poder Judicial, aunque el abogado Jorge Ovalle lo desvinculó de la estrategia pinochetista y criticó que el anciano dictador se niegue a cumplir las ordenes judiciales.

El propio Juez Guzmán se encargó ayer de rechazar un recurso que pedían la reconsideración de sus disposiciones para asegurar la transparencia e inparcialidad de los peritajes mentales y neurológicos, al ordenar que las muestras de laboratorio y sicométricos se realicen en clínicas universitarias y no en el Hospital Militar; y otro que pretendía obligarlo a esperar el resultado de los exámenes antes del interrogatorio, en la confianza que estos demostrarían que no está en condiciones de enfrentar un proceso.

Ayer también los distintas instituciones religiosas y militares comprometidas en la Mesa de Diálogo con la búsqueda de información conducente a ubicar los restos de 1.009 detenidos desaparecidos, entregaron al presidente Ricardo Lagos el resultado de esa tarea. Los antecedentes reunidos por las Fuerzas Armadas tienen que ver –según trascendió– a unos 400 casos, de 60 o 70 de los cuales se sabría dónde se encuentras sepultados. Por su parte, la Iglesia Católica reunió datos en 38 carpetas, que revelan el paradero o lo que ocurrió con otras 50 víctimas. También recogieron información útil representantes de la comunidad judía, los pastores evangélicos y el líder de la Masonería.

El presidente Lagos, que disfruta del mérito de mantener desvinculada la búsqueda de los desaparecidos de los juicios a Pinochet y a otros uniformados vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, así como de los temas que se discutieron el martes en el Consejo de Seguridad Nacional, estudia los antecedentes reunidos sobre los que hablará al país este domingo para entregarlos el lunes próximo a los tribunales y confirmar si prolongará o no la búsqueda por otros seis meses.