URIBE ANTE LA JUSTICIA

EL ESCANDALO DE LA «PARAPOLITICA», O SEA LA CONMIXTION DEL GOBIERNO DE URIBE CON LAS BANDAS ASESINAS DE LOS PARAMILITARES, HA RESURGIDO CON FUERZA EN COLOMBIA, ENFRENTANDO DE LLENO AL PRESIDENTE CON LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ). ESTA HA DENUNCIADO ANTE EL FISCAL DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA (TIJ), EL ARGENTINO LUIS MORENO OCAMPO, UN COMPLOT EN SU CONTRA ORGANIZADO POR EL PRESIDENTE EN COMBINACION CON LOS PARAMILITARES, DEBIDO A QUE LA CSJ COLOMBIANA ESTA JUZGANDO LAS CONEXIONES DE 60 LEGISLADORES DE LA COALICION GUBERNAMENTAL, DE LOS CUALES 30 ESTAN ENCARCELADOS, CON DICHOS GRUPOS ARMADOS DE ULTRADERECHA, CULPABLES DE DELITOS ATROCES Y GENOCIDIO.

El detonante es que la revista Semana de Bogotá reveló en su última edición que los abogados de uno de los más poderosos jefes paramilitares mafiosos, Diego Fernando Murillo (a) Don Berna, se entrevistaron días pasados en la sede presidencial, la Casa de Nariño, con dos de los principales asesores del presidente: el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo Castillo, y el de Prensa, César Mauricio Velásquez, para acordar una táctica conjunta ante las acusaciones de la Justicia. Dichas reuniones se mantuvieron en riguroso secreto. Después que la revista Semana destapó el tarro, Uribe lo reconoció. La Corte acusó a Uribe de tratar de desacreditar su gestión. Su presidente, el magistrado Javier Ricaurte, declaró: «Aquí hay un complot de un sector del gobierno de Uribe con los paramilitares para desacreditar a la CSJ. Denunciaremos esta estrategia ante el fiscal del Tribunal Internacional de Justicia». Dicho y hecho. Debe tomarse en cuenta que «don Berna» es uno de los principales jefes del narcotráfico, y que sus huestes protagonizaron operaciones armadas conjuntas con destacamentos del Ejército.

El lunes se efectuó la denuncia de Ricaurte ante el fiscal del TIJ, Luis Moreno Ocampo, quien visita el país por tres días por segunda vez en menos de un año «para conocer los procesos abiertos contra paramilitares y políticos vinculados a los crímenes masivos cometidos en este país», dice la información oficial, incluyendo además la indagación sobre la extradición a EEUU en mayo pasado de 14 jefes paramilitares por decisión del presidente Uribe. Moreno Ocampo instó a la Justicia colombiana a identificar a los máximos responsables de los crímenes masivos. «Tenemos un máximo número de crímenes y una cantidad masiva de criminales», señaló, reafirmando que en esos casos «hay que acentuar en los máximos responsables». Nadie ignora que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusadas de crímenes atroces y genocidio, se acogieron a la llamada Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno de Uribe especialmente en su favor, después de una presunta desmovilización que no fue tal, ya que siguieron operando a sus anchas (incluso desde la cárcel) como lo han demostrado políticos opositores, activistas y defensores de los DDHH.

Precisamente a este aspecto se refirió el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón (conocido mundialmente porque metió preso a Pinochet en España), quien también se encuentra en Bogotá y declaró que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) puede actuar «si la justicia (colombiana) no logra que los jefes paramilitares de extrema derecha paguen por los delitos cometidos». En una conferencia realizada conjuntamente con el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, el juez Garzón analizó justamente la reciente extradición de los 14 jefes paramilitares, ordenada por el presidente Uribe y ejecutada entre gallos y medianoche.

El presidente alegó que los paramilitares fueron extraditados porque estaban delinquiendo desde la cárcel (lo que era cierto, pero se hacía con el visto bueno del gobierno), y porque no cumplieron con el compromiso de confesar todos los delitos y reparar a las víctimas.

Pero la verdad es muy otra. A los principales jefes paramilitares los extraditaron porque varios de ellos (con el capo Salvatore Mancuso a la cabeza) habían denunciado ante la Fiscalía con pelos y señales, con nombres y apellidos, el involucramiento de decenas de dirigentes políticos del gobierno (legisladores, ministros y gobernadores) con las propias AUC. Mediante la extradición se aseguraban su silencio y contribuían a que dirigentes del oficialismo pudieran evitar (o mitigar) la condena y la cárcel.

Por otro lado, de esta forma se decretaba la impunidad total de los mafiosos, culpables de crímenes aberrantes, porque en EEUU no les pasará absolutamente nada. A lo sumo algún día enfrentarán un juicio liviano por narcotráfico y lavado de activos, y no por sus crímenes. Esto es lo que ha motivado la protesta de los familiares de las víctimas, voceros de la oposición y defensores de DDHH. Y éste es el fondo de la cuestión.