Represores argentinos condenados

Tres militares y un gendarme retirados de la última dictadura argentina (1976/83) fueron condenados el miércoles a penas que van desde 18 años de cárcel a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, por un tribunal de la provincia de Corrientes (noreste).

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal impuso cárcel de por vida al teniente coronel retirado Julio Rafael Barreiro y 25 años de prisión al capitán retirado Juan Carlos De Marchi.

El teniente coronel Horacio Losito también deberá estar detenido por 25 años, mientras que el comandante retirado de la Gendarmería Raúl Alfredo Reynoso estará tras las rejas por 18 años.

El proceso fue seguido de cerca por la sociedad correntina, ya que De Marchi es un conocido productor agropecuario que presidió la Sociedad Rural provincial, mientras que Losito se desempeñó como agregado en la embajada argentina en Italia. En este juicio también está inculpado el último jefe del Ejército del régimen militar, Cristino Nicolaides, pero su enjuiciamiento tuvo que ser postergado porque se encuentra en grave estado de salud. El fallo fue saludado por familiares de las víctimas y dirigentes humanitarios, pero fue abucheado por Cecilia Pando, la esposa de un militar retirado y miembro de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. «¡Cobardes!», les espetó la mujer a los jueces, mientras hacía un gesto de degüello con su mano, según imágenes transmitidas por la televisión. La mujer se dirigió luego al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, diciéndole «A vos te voy a matar con mis propias manos».

Duhalde repudió el hecho y declaró que Pando forma parte de «un pequeño grupo de provocadores que trata de empañar la labor de la Justicia, cosa que no podrá. Cecilia Pando es una provocadora profesional». El juicio se prolongó por seis meses y los acusados fueron encontrados culpables, en diferente grado, de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparición de detenidos en un centro clandestino.

Este juicio fue posible luego de la derogación en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia debida, aprobadas a finales de 1986 y mediados de 1987 en medio de una fuerte presión militar. La reactivación de las causas permitió condenar hasta ahora a 22 represores, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos, que reveló que 55 acusados se encuentran prófugos y que, de los 429 procesados, 334 aguardan el juicio oral en prisión preventiva.