EEUU, fuera de la base de Manta

Son dos hechos soberanos, en el camino de reafirmar a América Latina como zona de paz.

Los legisladores del Parlamento del Mercosur aprobaron el martes 29 de julio en Montevideo una declaración de rechazo a la presencia de la IV Flota de Estados Unidos en aguas de Sudamérica, al tiempo de subrayar que la región es pacífica y democrática y resuelve sus conflictos «de forma negociada» y en base al «principio de no intervención». La declaración conjunta destaca que la presencia de este contingente militar estadounidense implica «la militarización de conflictos y problemas regionales», así como puede derivar en «una inseguridad hemisférica y comprometer la integración de América del Sur y del propio Mercosur». El Parlasur está compuesto por 18 parlamentarios de los países miembro (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), más Venezuela, cuyo proceso de admisión plena está pendiente de la ratificación de los parlamentos de Brasil y Paraguay, lo que por otra parte fue reclamado en la propia reunión. También se resolvió una veeduría para el referéndum revocatorio del próximo día 10 en Bolivia.

En el debate se sostuvo que la reactivación de la IV Flota es absolutamente innecesaria e inoportuna en las actuales circunstancias mundiales y regionales, y se señaló la coincidencia de que la misma se produzca cuando se anuncia el descubrimiento de reservas sustanciales de petróleo y gas en las plataformas continentales de Brasil y de Uruguay.

La IV Flota, que reanudó sus actividades el pasado 1º de julio, tiene su base en Mayport, Florida, y su jefe es el vicealmirante Joseph D. Kerman, con amplia trayectoria en grupos de operaciones especiales de la marina de guerra. Fue creada en plena II Guerra Mundial (1943) para proteger las aguas continentales de los ataques de los submarinos nazis, que lograron hundir varios buques y transportes petroleros y torpedearon en febrero de 1942 al buque de bandera brasileña «Buarque» en el puerto de La Guaira. Un lustro después del fin de la guerra, en 1950, fue desmantelada y sus unidades pasaron a otros destinos. Se reactiva justamente ahora, 58 años después, y no por azar, en una situación de tenso enfrentamiento de la potencia imperial con Venezuela y con Cuba, en otro plano con Ecuador y con Bolivia, y cuando está agudamente en tela de juicio su política respecto al continente en su conjunto.

Fidel Castro la bautizó como «la IV Flota de intervención», «una fuerza intervencionista y amenazante», y señaló que «los portaaviones y las bombas nucleares con que amenaza a nuestros países sirven para sembrar el terror y la muerte pero no para combatir el terrorismo y las actividades ilícitas», que son los pretextos invocados, como siempre. Esta IV Flota rediviva va a operar en conexión con el Comando Sur, que agrupa al conjunto de las fuerzas armadas de EEUU destinadas a América Latina y el Caribe. Su jefe, el almirante James Stavridis, está desde hace dos años al mando y se ha dedicado a recorrer todos los países de América Latina (y algunos dos veces, como Perú). Se ha señalado la participación directa del Comando Sur, con toda la tecnología de punta disponible, en la invasión del territorio ecuatoriano por parte de tropas colombianas el 1º de marzo y la masacre consiguiente. Los hechos se inscriben en la exacerbada política belicista del presidente Bush sobre el final de su mandato, causa principal de que su nivel de aceptación esté a nivel de sótano.

Esto nos conduce al segundo gran tema: la base de Manta. Como se sabe, el gobierno de Ecuador notificó al de EEUU que en noviembre de 2009 no debe quedar ningún soldado norteamericano en dicha base militar, que le fue concedida por el gobierno de Jamil Mahuad (el mismo que dolarizó la economía) en noviembre de 1999, con un máximo de 475 militares.

El retorno de esta base a la soberanía ecuatoriana fue un aspecto central de la campaña electoral que llevó a Rafael Correa a la presidencia, y en la nueva Constitución emanada de la Asamblea Constituyente se estampa con todas las letras (artículo 5) que Ecuador es un territorio de paz, que no permitirá la instalación de bases militares extranjeras, ni su uso, en una clara reafirmación de la soberanía nacional. La Constitución será sometida a plebiscito popular el 28 de setiembre, y preveo que será refrendada por amplia mayoría.

También en este caso el gobierno de Estados Unidos alegaba que la base estaba destinada a la lucha contra el tráfico de drogas, aunque en realidad se utilizó para intervenir en el conflicto interno en Colombia. Los aviones que desde allí despegaban sobrevolaban Ecuador e ingresaban a territorio colombiano, participando en acciones militares y actividades de inteligencia contra las FARC. A tal punto que los aparatos que perpetraron la masacre del 1º de marzo en territorio ecuatoriano salieron de Manta y, cumplida la misión, regresaron a ella, de acuerdo con versiones fundadas. Por otra parte, en relación al narcotráfico, el ministro ecuatoriano de Seguridad Interior y Exterior, Gustavo Larrea, sostuvo que los éxitos logrados en ese campo son en absoluto independientes de las actividades de la base; y además, las operaciones de la base en ese aspecto fueron delegadas a la empresa Dyncorp, una de las firmas que contrata mercenarios y que en este caso también estaba encargada de las fumigaciones con glifosato, que significan la muerte de los cultivos, en la frontera colombo-ecuatoriana.

En el contexto latinoamericano, EEUU intentará compensar la pérdida de la base de Manta presionando a otros gobiernos y en primer lugar al de Colombia, su principal aliado en la región, donde ya tiene montadas las bases de Tres Esquinas y Larandia en Caquetá y de Arauca en Meta. Detenta bases en otros países, sin olvidar al centro de torturas de Guantánamo, ese puñal clavado en el costado de Cuba. Por eso mismo, su expulsión de la base de Manta es un hecho relevante y de afirmación de la soberanía de los países del continente.

Máxime porque antes debieron abandonar las bases del Canal de Panamá y que la lucha de todo el pueblo puertorriqueño los sacó de la base de Vieques.