Revocatorio en Bolivia, Constitución en Ecuador: avanza el progresismo

La nueva Constitución, de 444 artículos, se terminó de aprobar el jueves 24 con 94 votos a favor en 130 asambleístas, en su mayoría afines a Acuerdo País del presidente Rafael Correa. Algunas disposiciones salieron prácticamente por unanimidad. Los trabajos de la Asamblea Constituyente electa por el pueblo habían comenzado el 29 de noviembre de 2007 en la ciudad costera de Montecristi, al noroeste del país, o sea que insumieron casi ocho meses. El nuevo texto está destinado a reemplazar la Carta vigente desde junio 1998.

En la sesión solemne de clausura, el viernes 25, el presidente Correa subrayó los avances de la nueva Constitución, que garantizará políticas sociales, trabajo, educación, salud, defensa del medio ambiente, con un subrayado especial en dos grandes temas: un modelo económico social y solidario, enfrentado al neoliberalismo y a la corrupción que se ensañó en el país, sobre todo por parte de los grandes banqueros; y defensa acendrada de la soberanía, en cuanto a recursos naturales en manos de empresas extranjeras y a la base de Manta, regresando a los militares estadounidenses a casa. El objetivo de la Carta es dotar de estabilidad a un país que, en el último período, ha visto cómo tres presidentes sucesivos no completaron su mandato.

El discurso de Rafael Correa fue seguido por el del presidente de la Constituyente, Fernando Cordero, tras lo cual se hizo entrega del texto aprobado al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, quien garantizó la transparencia de la consulta del 28 de setiembre. Para la aprobación se requiere el voto por Sí de la mitad más uno de los sufragios. Si esto acontece, se convoca a elecciones generales de todos los cargos en enero 2009. El presidente y el vicepresidente electos (Correa puede volver a presentarse) extenderán su mandato hasta el 24 de mayo 2013.

Durante la sesión, en las afueras del edificio de la Constituyente se realizaba una concentración popular bajo los lemas de «SI al trabajo», «Vamos por el cambio», «Por un mejor servicio». De hecho, la campaña plebiscitaria ya está lanzada.

El último acto de la Constituyente consistió en dirimir una controversia sobre el uso del quichua (kichwa) y el shuar (idioma de los indígenas de la Amazonia) como idiomas oficiales. Este tema había dividido las aguas incluso en el oficialismo y grupos indígenas que lo apoyan. Tras un arduo esfuerzo se concertó una fórmula que recogió una votación unánime. Dice así: «El castellano es el idioma oficial de Ecuador; el castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales en la relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para las nacionalidades indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y su uso». Esta redacción fue presentada por el asambleísta indígena Pedro de la Cruz, dirigente de la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Además de los votos afirmativos de Acuerdo País y del Movimiento Popular Democrático (MPD), el diputado Nilton Mendoza, del opositor Prian, fundamentó su respaldo, lo mismo que el independiente Rafael Esteves.

La Conaie (que agrupa entidades indígenas y campesinas) aceptó el concepto de relación intercultural, y en estas condiciones, el bloque Pachakutik aseguró su apoyo al proyecto y a la campaña por el Sí. Así se zanjó este polémico punto.

En cuanto a la nueva Constitución en su conjunto, la oposición se muestra dispuesta a enfrentarlo en una campaña que se destaca por su virulencia, su agresividad y su tono destemplado y agraviante. Esto se expresó en la votación contraria en la Constituyente, y la vemos reflejada en las páginas de El Comercio, por ejemplo. Se avecina sin duda una dura batalla a lo largo de dos meses. En este camino se encuentra la gran manifestación por el Sí que se organiza en Quito para el 9 de agosto, con participación de todos los partidos que apoyan el nuevo curso en Ecuador y de las organizaciones sociales.

Precisamente al día siguiente se realiza el referéndum revocatorio de mandatos en Bolivia, que afecta al presidente y al vicepresidente, así como a 8 de los 9 prefectos Es sabido que en forma totalmente arbitraria y carente de sustento legal, la solitaria integrante (suplente) de un desintegrado Tribunal Electoral (TC), Silvia Salame, pretende por sí y ante sí impedir la consulta popular. La Corte Electoral de Chuquisaca también solicitó a la Corte Nacional Electoral (CNE) suspender el referendo, y el prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, que no se presentará al mismo, anunció un juicio contra el presidente de la CNE, José Luis Exeni, porque éste resolvió proseguir con el revocatorio en todos sus términos.

Estas maniobras están destinadas a un rotundo fracaso. Primero, porque la decisión de la CNE de seguir adelante con el referendo es categórica. Además, los miembros de todas las demás Cortes Electorales Departamentales declararon que se sujetaban a las determinaciones de la CNE y continúan realizando con normalidad los preparativos de la consulta. E incluso los miembros de la Corte de Chuquisaca expresaron que mientras la CNE no disponga lo contrario, el cronograma electoral se cumplirá en el departamento.

Más aún: agregaron una solicitud al Congreso para que disponga el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, «el cual se encuentra en virtual acefalía desde hace varios meses». Con lo cual reconocen que no está en condiciones de emitir ningún pronunciamiento, y menos de paralizar un proceso en marcha.

El presidente Evo Morales declaró en Santa Cruz, donde enfrentó la hostilidad de los grupos movilizados por los sectores oligárquicos de la oposición, que no pasarán los intentos de impedir los referendos revocatorios del 10 de agosto.