ECUADOR: DOS BUENAS NOTICIAS

El presidente dijo que la Constituyente trabajó a conciencia durante ocho meses y plasmó un texto de 492 artículos, manifestándose «totalmente convencido de que el Sí aplastará al No en el próximo referendo», fijado para el 28 de setiembre. No deja de ser significativo que también Bolivia deberá dirimir la suerte de la nueva Constitución aprobada por su Asamblea Constituyente, en fecha posterior a los referendos revocatorios del 10 de agosto.

Hace dos semanas la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) ecuatoriana anunciaron la incautación de 195 empresas del grupo Isaías. Entre ellas, varias corresponden a medios de comunicación. En Ecuador, la propiedad sobre dichos medios presenta características monopólicas, estando sin excepción en manos de sectores oligárquicos, y al Grupo Isaías corresponde el 27% de la concentración televisiva. Es en torno a este aspecto que se desató una campaña de difamación internacional, orquestada por CNN y consortes, en el plano local por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y hasta por Andebu en nuestras latitudes, alegando un presunto atentado a la libertad de expresión. Nada de eso, replicó Correa. Fueron incautadas empresas agrícolas, de comercio, de seguros, de construcción, yates, aviones y bienes muebles de diverso tipo, además de las empresas mediáticas. Sería absurdo, argumentó el Presidente, que estas últimas fueran excluidas de la medida. La AGD, conforme al artículo 29 de la ley respectiva, dispuso la incautación de todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco al 2 de diciembre de 1998, cuyas pérdidas fueron estimadas por la Junta Bancaria en 661 millones de dólares en su dictamen del 26 de febrero 2008.

Con esta medida, que debió ser adoptada diez años atrás, los cientos de ciudadanos que perdieron su dinero por la quiebra fraudulenta de Filanbanco ven renacer la esperanza de recuperar sus depósitos. Por otra parte, las incautaciones no vulneran ningún derecho laboral ni paralizarán ninguna de las empresas, ya que el Estado ecuatoriano garantizará la estabilidad laboral.

Además, el Presidente advirtió que las empresas del Grupo Isaías no son las únicas que serán incautadas. Otras seguirán. En su último informe semanal señaló: «Estamos haciendo un cronograma para que en julio 2009 el país haya superado totalmente esa pesadilla que fue la crisis bancaria», por la que el Estado perdió unos 5 mil millones de dólares a fines de la década de los 90. Los antecedentes del caso son sumamente ilustrativos. El 4 de agosto 2007 el presidente Correa dijo que ese atraco bancario constituía «una historia tenebrosa que no quedará en la impunidad» y que los resultados del informe de la comisión de auditoría sobre el salvataje bancario «eran estremecedores». Dicho informe fue presentado el 9 de agosto 2007, y el gobierno pidió entonces al Fiscal General que se investigara a fin de que esos delitos no quedaran impunes. Denunciaba entonces Correa que «todo fue un plan para quebrar al país y llenar el bolsillo de los banqueros». (Todos los cuales después se mandaron mudar a Estados Unidos). Un estudio de Decio Machado en Rebelión muestra que los banqueros influyeron en las labores de la Constituyente en 1998 para incorporar a la Carta disposiciones favorables a sus intereses. Todo esto por cierto ha sido barrido de la nueva Constitución. Después de marzo de 1999 sobrevino el congelamiento de los depósitos, que se convirtió en el mayor decomiso de la historia del país (versión ecuatoriana del «corralito» argentino) y se devaluó el sucre en forma gigantesca, pasando 5000 a 25 000 por dólar, o sea que se robaron las 4/5 partes de los depósitos de los ecuatorianos. Todo este operativo se fraguó durante los gobiernos de Fabián Alarcón (tras la destitución de Abdalá Bucaram), y de Jamil Mahuad desde 1998 hasta su derrocamiento en 2000. Mahuad anunció la dolarización de la economía (o sea, la sustitución del sucre por el dólar derecho viejo), la que fue implementada durante el interinato de Gustavo Noboa. Una de las consecuencias más sensibles es la emigración, que afecta al 25% de la población, en gran parte a España.

Esto es lo que se procura comenzar a revertir con las medidas recién adoptadas por el gobierno ecuatoriano.