La CIJ ordena a EEUU suspender ejecuciones

«Estados Unidos debe tomar todas las medidas necesarias para evitar la ejecución» de los cinco condenados, en espera de un pronunciamiento sobre la petición de México y mientras todos ellos no «se hayan beneficiado del reexamen y la revisión» de sus penas, a lo que tienen derecho, afirmaron los jueces.

México había solicitado esta suspensión para cinco condenados a muerte en «peligro inminente» de ejecución en el Estado de Texas, en espera de que los jueces de la CPI, con sede en La Haya, se pronunciaran sobre el fondo de su petición de aclaración.

Uno de los condenados, José Medellín, acusado de la violación y el asesinato de dos muchachas en Texas, sería ejecutado en ese estado el 5 de agosto.

Los otros cuatro podrían recibir próximamente una fecha que fije sus ejecuciones en un plazo de uno a tres meses.

México acusa a Estados Unidos de violar las obligaciones internacionales y de despreciar a la CIJ al rechazar una revisión de las condenas a pena de muerte de ciudadanos mexicanos.

En 2004, los jueces de la CIJ habían ordenado a Washington que «revisara las condenas y las penas pronunciadas» contra 51 mexicanos.

Los magistrados consideraban que no se habían respetado los derechos de los acusados, dado que éstos no habían sido informados en el momento oportuno de su derecho a asistencia consular, como prevé la Convención de Viena.

En la decisión de 2004, la Corte ordenaba a Estados Unidos la revisión de los veredictos «por los medios de su elección». México pide ahora a los jueces una aclaración acerca de esos «medios», esperando obligar así a Estados Unidos a actuar.

Washington afirma, por su parte, no disponer de medios para imponer una revisión de las condenas a los jueces de los respectivos estados.

«Estados Unidos no impugna sus obligaciones internacionales. Si Texas u otro estado llevara a cabo una de las ejecuciones sin haber reexaminado la condena, se trataría de una ruptura con la sentencia de la Corte», concedió el consejero del departamento de Estado John Bellinger.

«Pero la Corte Suprema (de Estados Unidos) lo ha dicho, las decisiones de la CPI no tienen efecto directo sobre los estados norteamericanos. La decisión de hoy subraya nuestras obligaciones para con el derecho internacional, pero técnicamente no tiene efecto en Estados Unidos», recalcó.

Si Texas ejecuta a los mexicanos, «supondrá una violación de una obligación internacional, pero conforme a las leyes de Texas», resumió el consejero.

Tras la sentencia de 2004, el presidente estadounidense, George W. Bush, ordenó a los jueces de los estados concernidos determinar caso por caso si se debía celebrar un nuevo juicio para cada uno de los condenados.

Algunos estados obedecieron pero los magistrados texanos rechazaron examinar las penas, estimando que no estaban sujetos a la decisión de la CIJ y que la separación de poderes impedía recibir órdenes del presidente.

A finales de marzo, la Corte Suprema, a la que recurrió uno de los condenados, le dio la razón a los jueces.