El Senado vota las retenciones

La importancia de la ley está dada por la condición de potencia agrícola que tiene Argentina, con exportaciones anuales de materias primas y manufacturas agroindustriales por 35.000 millones de dólares, en un mundo que atraviesa una crisis alimentaria, según los organismos internacionales, incluida la ONU.

Sólo por derechos aduaneros para las exportaciones de soja, el gobierno intenta recaudar este año unos 11.000 de los 24.000 millones de dólares que genera la cosecha de la leguminosa, que ocupa más del 50% de la superficie cultivada.

Los senadores trataban la norma que sancionó la Cámara de Diputados y esperaban convertirla en ley o rechazarla la madrugada de hoy jueves, a más tardar, luego de las multitudinarias demostraciones de fuerza del martes, a favor o en contra del gobierno, con centenares de miles de manifestantes en las calles.

El gobernante peronismo socialdemócrata de la presidenta Cristina Fernández controla la mayoría en el Senado, pero los cómputos preliminares muestran un virtual empate en el recinto de 72 escaños.

«La presidenta me pidió que les dijera que vamos a respetar la decisión del Congreso, sea cual fuere», había anunciado a voz en cuello el ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007) al hablar en el mitin de sus partidarios frente al Parlamento. Argentina es el primer exportador mundial de harinas y aceites de soja, el cuarto de trigo, el segundo de maíz ­detrás de EEUU­ y el tercero de granos de soja, según la secretaría de Agricultura estadounidense.

En reacción, Alfredo de Angeli, el más popular y pintoresco de los líderes agrarios, anticipó que si el Congreso sanciona la ley de retenciones (impuestos a las exportaciones) móviles, los agricultores van a vender «lo justo y necesario para mantenerse y no va a haber para exportar».

Productores minifundistas y grandes grupos financistas de siembra mantienen hace 127 días una rebelión fiscal contra los tributos flotantes, que incluyó huelgas con cortes de rutas, desabastecimiento, ataques a legisladores oficialistas y trabas a los embarques de granos y cereales.

Pero el hartazgo de la ciudadanía por la puja se reflejó esta semana en una encuesta según la cual un 65% dijo sentir «asco, bronca y cansancio» por los actos callejeros, informó la privada Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Un pronunciamiento sin medias tintas del propósito de los agricultores lo había dado De Angeli ante el gigantesco mitin opositor en el barrio de Palermo con su llamado «a crear una Argentina agroexportadora, la que soñaron nuestros abuelos», cuando Argentina era considerada ‘el granero del mundo’.

Pero el gobierno, manejado con mano de hierro por el matrimonio Kirchner, puso como meta prioritaria alentar la industria y apoyarse en la central obrera oficialista CGT, al considerar que el campo recibe ganancias extraordinarias con baja inversión y casi sin mano de obra.

Un informe del estatal Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) subrayó que se ubica entre 600 y 800 dólares por hectárea la renta de un productor que siembra soja y la rota cada año con trigo, lo que representa un ingreso nunca inferior al 100% anual del capital invertido.

«La rentabilidad del negocio de los granos hoy, con retenciones, es superior a la de cualquier alternativa industrial o financiera o también del propio campo, si se compara con la ganadería u otras variantes», dijo el INTI.

Pero agricultores minifundistas señalan que la condición flotante del impuesto a la soja, el maíz, el trigo y el girasol, puede convertirse en confiscatoria si el precio internacional se eleva por encima de los 600 dólares la tonelada y la tasa aduanera aumenta en forma proporcional.