BOLIVIA HACIA EL 10 DE AGOSTO

El sábado 5 el gobierno ratificó que en la fecha indicada se realizarán los referendos revocatorios o aprobatorios de los mandatos de autoridades. El senador Antonio Peredo ha recordado los antecedentes. El año pasado, en una situación de aguda tensión, los prefectos «autonomistas» habían planteado realizar los referendos revocatorios que pusieran en juego todos los cargos y el gobierno aceptó el reto, enviando de inmediato el proyecto al Parlamento. Actualmente se emite un spot televisivo que documenta este hecho. Aprobado rápidamente en Diputados, el proyecto quedó encajonado en el Senado, donde la oposición tiene mayoría. El 8 de mayo ­es decir, cuatro días después del referéndum en ese departamento- la bancada de Podemos, el mayor sector opositor, dirigido por Jorge Chucho Quiroga, desempolvó el proyecto y propuso votarlo. El MAS aceptó, y se aprobó por unanimidad. El gobierno lo promulgó y se fijó la fecha del 10 de agosto para su realización. Entonces los prefectos divisionistas acordaron rechazarlo y no presentarse. Esto involucra a los departamentos que realizaron los referendos autonómicos: Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, a los que se sumó Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, nucleados todos ellos en el denominado Conalde (Consejo Nacional Democrático). A última hora parece que algunos prefectos estarían reviendo su posición de no presentarse, aunque otros persisten en su actitud negativa.

A través del Conalde los divisionistas propusieron adelantar las elecciones generales. El ministro de Defensa, Walter San Miguel, declaró que «proponer elecciones anticipadas es algo parecido a un golpe de Estado, un atentado a la democracia». Agregó que la ley de Referendo Revocatorio de Mandato Popular está hecha para una transición de la crisis política en forma ordenada, con procedimiento constitucional, poniendo la decisión en manos de la ciudadanía a través el voto. Recién si el presidente es revocado deberían convocarse las elecciones generales.

Se recordará que para que el presidente o un prefecto sea revocado debe tener una votación en contra superior a la que lo llevó al cargo. Hemos mencionado en nota anterior que según estadísticas encomendadas por la embajada norteamericana, no existe la menor duda de que Evo Morales será confirmado en el cargo que obtuvo con la votación excepcional de 54% en diciembre de 2005, mientras que todos los puestos de los prefectos estarían en entredicho. No es lo mismo esta votación que la de los plebiscitos autonómicos, los cuales contaron con una abstención muy elevada, al extremo de que la votación a favor superó por poco (con variaciones) la mitad del total de inscriptos. Cabe consignar que los partidos opositores, en primer término Podemos, no se sumaron a la decisión saboteadora de los prefectos y adelantaron que van a presentarse a los referendos revocatorios.

Recién después de cumplida esta instancia se deberá pasar a la votación para refrendar la nueva Constitución Política de Estado (CPE), aprobada en Sucre en diciembre pasado. Estos días han proliferado en la CNN las notas con politólogos, analistas y profesores radicados en EEUU que de una u otra forma alientan los planes secesionistas y desestabilizadores en Bolivia, alaban la conducta de los prefectos y dicen que carece de validez la Constitución emanada de la Asamblea Nacional Constituyente porque la oposición no estuvo presente en el momento de su aprobación definitiva. Esto es totalmente falso. Después de muchos esfuerzos, de dilaciones prolongadas impuestas por la oposición, a la que se agregaron atentados y acciones agresivas, como las de signo racista realizadas en Sucre y otras a cargo de las bandas filonazis de la Unión Juvenil Cruceñista, e incluso con cambios de sede porque se le impedía sesionar, la Constitución fue aprobada con los votos requeridos y deberá ser sometida a la aprobación del pueblo soberano. Si la oposición resolvió ausentarse en la votación final, es asunto suyo.

En estas condiciones, el l0 de agosto deberá expresarse, como también decía el senador Peredo, «la decisión de llevar adelante el programa de cambios. Ya no se trata de ganar a una oposición ensoberbecida. Se trata de demostrarle a esos grupos que aún retienen el poder económico, que sus tiempos se acabaron y que el pueblo tiene la convicción de llevar adelante su programa. Hay que obtener una votación contundente».