Defensa de Pinochet ataca a Corte Suprema

Por Victor Vaccaro

Acorralada y casi sin tiempo para intentar revertir lo que parece un inexorable camino hacia el nuevo procesamiento y detención de Augusto Pinochet, su defensa pidió a la Corte Suprema la reconsideración del fallo con que su Sala Penal acogió el amparo a favor del ex dictador, afirmando que sería «inconstitucional, injusto e ilegal» ordenar al juez sumariante Juan Guzmán que practique la indagatoria al acusado dentro de veinte días «se hayan o no realizado los exámenes» mentales y neurológicos. Cumpliendo con esta precisa instrucción de sus superiores, el magistrado Juan Guzmán dispuso que el interrogatorio al desaforado senador vitalicio se inicie en su residencia del exclusivo barrio de la Dehesa a las 15.30 horas del 27 de diciembre y que los peritajes para establecer si sufre perturbaciones mentales tengan lugar a partir de las 10.30 del 22 de enero, en el Hospital Militar.

No obstante que tal cronograma está ajustado absolutamente a las facultades y procedimientos judiciales, los abogados de Pinochet tratan de impedir que el interrogatorio sea anterior a los exámenes psiquiátricos, apostando a que éstos indiquen que su cliente no está en condiciones de contestar las preguntas y se le sobresea por razones de salud, vejez o locura antes de ser declarado reo como autor de las 18 desapariciones y 57 homicidios calificados cometidos por la «caravana de la muerte».

El recurso de reposición –que sólo podrá ser visto por la Quinta Sala de la Suprema el próximo martes 26– pide su reconsideración en base a las garantías constitucionales según las cuales «no es posible instruir un proceso penal si con ello se pone en grave peligro la integridad física y la vida de una persona». En subsidio, la defensa reclama una aclaración de la resolución «en el sentido de que ella no implica que se autorice tomar declaración indagatoria al inculpado antes de que se concluyan los exámenes decretados, ni alterar el curso del sumario respectivo».

Paralelamente los abogados de Pinochet, quien retornó el jueves a su domicilio después de recibir un tratamiento odontológico en el Hospital Militar, reclamaron al juez Guzmán que ordene realizarle los exámenes mentales en la mañana del 26 de diciembre en lugar del 22 de enero, con lo que esperan impedir el interrogatorio fijado para el día siguiente y su previsible nuevo procesamiento y detención domiciliaria.

Y si el juez no accede, se le acusa por anticipado ante la acosada Corte Suprema de tener el «ánimo manifiesto de confundir y obstruir el ejercicio de los derechos que corresponden al inculpado, cuestión que ese Excelentísimo tribunal no puede admitir», y se le vuelve a reprochar al máximo tribunal «alterar el procedimiento establecido en resoluciones ejecutoriadas y, lo que es más grave, anticipar una diligencia (el interrogatorio) que está en evidente oposición a las alegaciones de la defensa del inculpado».

Lo más probable es que el despliegue de amenazas y presiones del pinochetismo no logre torcer el curso de los acontecimientos, porque en el extremo de que el juez Guzmán acoja la petición de someterlo a los exámenes médicos el 26, ellos requieren varios días para concluir y llegar a conclusiones, mientras que los interrogatorios deben realizarse el miércoles 27, al tiempo que todo indica que la Quinta Sala mantendrá su criterio de que la indagatoria es independiente de los exámenes, ya que sus resultados sólo interrumpen el procesamiento si constatan la demencia del acusado.

La parte querellante, entretanto, insistió ante el juez Guzmán para que reemplace el Hospital Militar como lugar de los exámenes, por otro que dé mayores garantías de imparcialidad, y el abogado Hugo Gutiérrez advirtió que la defensa está presionando para que los exámenes mentales se realicen en dicho establecimiento el 26 de diciembre «para eludir la declaración indagatoria» tal como lo hizo en 1995 el general (r) Manuel Contreras antes de ser condenado como autor del asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier.