URIBE CONTRA LA JUSTICIA

Su denominador común es que Uribe ha rebasado todos los límites, violando la separación de poderes y las atribuciones del Poder Judicial. La senadora Piedad Córdoba dijo que hoy Uribe es un presidente ilegítimo y busca imponer una dictadura. Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático, expresó que la propuesta es absurda, que no se puede decretar una nueva elección para desconocer una resolución legítima de la Corte, y que Uribe desea perpetuarse en el poder (el fondo de la propuesta consiste en una tercera reelección). El senador conservador Eduardo Enríquez señaló que «proponer la repetición de unas elecciones no pasa de ser el más terrible absurdo desde el punto de vista jurídico». El representante de Cambio Radical Roy Barreras declaró que «lo primero que debe definirse es si se va a meter la tercera reelección presidencial». El senador de Convergencia Ciudadana, Samuel Arrieta, sostuvo que se estaba alterando la legalidad. Para el senador del Polo Democrático Alexander López Maya, Uribe rompe la Constitución al desconocer un fallo de la justicia.

A qué extremo habrá llegado el presidente cuando el editorial de ayer de El Tiempo (diario de la familia Santos, a la que pertenecen el vicepresidente y el ministro de Defensa) dice bajo el título «Choque traumático» que «el presidente, al confrontar una decisión judicial, actúa con una pugnacidad poco recomendable en un jefe de Estado» y agrega que «es inevitable que surja la sospecha de que, con el disfraz de repetir las elecciones, se apunta a un tercer mandato para Uribe».

El dictamen de la Corte Suprema no hizo más que refrendar lo que de largo tiempo atrás se sabía por declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, publicadas en la revista La Semana, a saber: que el propio Uribe y el ex ministro del Interior y ahora embajador en Italia, Sabás Pretelt de la Vega, la incitaron a votar a favor de la reelección presidencial en el Congreso (lo que hizo, y salió) a cambio de prebendas. La Corte decretó varias condenas (a Medina y otras). Por añadidura, la Procuraduría abrió sendos pliegos de cargos contra el actual ministro de Protección, Diego Palacio, el ex ministro Pretelt y otros altos funcionarios participantes en la maniobra. Como contrarréplica el comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo (que actúa a las órdenes directas de Uribe) y el ministro Palacio denunciaron a los magistrados de la Corte ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. A esa altura Uribe agregó que la Corte aplica una justicia selectiva.

Las desavenencias de Uribe con la Justicia vienen de largo tiempo atrás, entre otras cosas porque ésta condenó a su primo, el ex presidente del Senado Mario Uribe, a pesar de que el presidente intercedió en su favor y de que aquél intentó asilarse en la embajada de Costa Rica. Hoy está entre rejas, y no es el único. Como se sabe, como resultado de las investigaciones de la justicia, hay 80 parlamentarios investigados por sus conexiones con las bandas asesinas de los paramilitares (AUC), de los cuales 32 están encarcelados. En su casi totalidad militan en las filas del uribismo. A la nómina se agregaron varios gobernadores oficialistas. Por vínculos familiares con los paramilitares debió renunciar en su hora la entonces canciller María Consuelo Araújo. Entre los detenidos figura también el ex director del DAS (inteligencia policial) y a la vez director de campaña de Uribe, Jorge Noguera, quien le entregaba al jefe paramilitar conocido como «Jorge 40″ la lista de líderes sindicales que eran luego asesinados. A última hora se agregaron a los encarcelados otros dos parlamentarios de la coalición oficialista, que habían configurado un movimiento con el lema «Por un Urabá grande y unido». Es por esto que Uribe acusa a la Corte de aplicar una justicia selectiva.

Y es por eso también que ahora algunos parlamentarios quieren acoplarle al referéndum sobre nueva elección presidencial, la propuesta de que se repita también la elección para el Congreso. Es lo que sugirió la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, lo que permitiría quizá renovar los escaños de los que están en la cárcel.

En suma, Uribe ha colocado a Colombia al borde de una grave ruptura constitucional, situación que procura aprovechar para agenciarse un nuevo período de gobierno.