Buscan desestabilizar al gobierno boliviano

A la vez, se niegan a comparecer ante la ciudadanía en los referendos revocatorios del 10 de agosto

Los prefectos divisionistas de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija (a los que se ha sumado Manfred Reyes Villa de Cochabamba) no sólo aspiran a separar a sus departamentos del gobierno central, copar sus instituciones y usufructuar sus riquezas en beneficio de los sectores oligárquicos, sino que además procuran derribar al gobierno legítimo de Evo Morales, ungido con 54% de los votos, en diciembre 2005. En algunos medios se habla directamente de golpe de Estado.

Los últimos hechos prueban este plan de desestabilización en marcha. El martes 24 grupos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC, que es lo más parecido a las juventudes hitlerianas) tomaron un punto de cobro de peaje ubicado al norte de Santa Cruz, atacaron el Distrito Policial Nº 8 y quemaron un vehículo policial. Doce jóvenes fueron detenidos y liberados de inmediato por orden de un fiscal. El presidente de la UJC, David Sejas, declaró que tenían planeado ocupar otras entidades públicas que operan en Santa Cruz, como Impuestos Nacionales, Aduanas, Instituto de Reforma Agraria, YPFB (petróleo), la nacionalizada Entel (telecomunicaciones), la Caja Nacional de Salud, así como las unidades policiales de tránsito y de identificación, que deseaban pasar a la órbita de la Alcaldía municipal y la Corte Departamental Electoral. Más claro aún, agregó que todas las entidades del gobierno debían desaparecer de Santa Cruz, y también atacaron la Oficina de negocios de Venezuela. Estas declaraciones las oímos por CNN.

El ministro de gobierno Alfredo Rada señaló que la UJC actúa por «instrucciones directas» del prefecto Rubén Costas, de Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico Santa Cruz, poderosa organización civil empresarial y de trasnacionales como Repsol, Chaco, Andina, Transredes, y que también la financia la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO), que nuclea a los grandes terratenientes de la región. También coopera la Usaid (la agencia de presunta ayuda norteamericana, que acaba de ser expulsada del Chapare), la cual financió el viaje de los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Cochabamba a EEUU, y la Cámara Boliviana-Americana de Comercio con sede en Nueva York. Dice un estudio que «a través de Usaid, la CIA concedió todo tipo de apoyo, particularmente financiero, a los procesos de autonomía de los departamentos».

De las 44 competencias que pretenden arrogarse los prefectos secesionistas figuran la administración de los recursos naturales, el manejo fiscal, el reparto agrario, el control del transporte carretero, ferroviario, aéreo y fluvial, el mando de las telecomunicaciones y hasta la vigilancia aérea mediante radares, así como la salvaguardia del orden público, todo lo cual, según la Constitución, corresponde al gobierno central. O sea que el proyecto llamado autonómico es en realidad secesionista e implica un proceso de desintegración nacional.

El presidente Evo Morales alertó, en vísperas del último referéndum, el de Tarija, que para completar el plan de desestabilización estaba amartillado un paro por tiempo indeterminado de los grandes empresarios, en una guerra económica contra el pueblo de graves consecuencias, como el desabastecimiento.

A todo esto, los 5 prefectos que se reunieron en Tarija después del referéndum en ese departamento (22 de junio), resolvieron rechazar y no presentarse a los referendos revocatorios fijados para el 10 de agosto. Es una decisión antidemocrática al extremo, impregnado de temor y de cinismo, y violatoria de la Constitución y la ley. Esto surge claramente apenas se recuerden los antecedentes. Fueron ellos quienes propusieron poner en juego los cargos de presidente y vicepresidente y de los prefectos, sometiéndose al veredicto popular. Evo aceptó de inmediato y envió el proyecto al Parlamento. Diputados lo aprobó. Pero luego los opositores se asustaron, y lo fondearon en el Senado, donde detentan la mayoría. Después del primer referéndum autonómico (Santa Cruz, 4 de mayo) lo resucitaron, y lo aprobaron en un santiamén en el Senado, pensando colocar en un brete al presidente. Éste volvió a aceptar el reto, y se fijó la fecha del 10 de agosto. Ahora los prefectos, acobardados, echan para atrás.

Un estudio de Bolpress asegura que esta actitud está determinada por una encuesta ordenada por la embajada de Estados Unidos en Bolivia, según la cual, en el revocatorio, a ellos les iría muy mal y a Evo Morales muy bien. El presidente, que ganó con el 54%, tiene ahora un apoyo de 62,3% según esa encuesta. Por la misma, ninguno de los 5 prefectos se quedaría. Rubén Costas, de Santa Cruz y cabeza del grupo divisionista, que obtuvo 48%, tiene un rechazo de 48,5%. Ernesto Suárez, que ganó la prefectura del Beni con 45%, tiene un rechazo de 47,5% con tendencia a subir. Para Mario Cossío, de Tarija, y Leopoldo Fernández, de Pando, la situación sería desastrosa, y su salida inminente. Cossío tuvo 46% y ahora acumula 49,1% de rechazo, para Fernández las cifras respectivas son 48% y 50,3%. Reyes Villa, de Cochabamba, que tuvo 48%, acumula 57,8% de rechazo. El prefecto de La Paz, José Luis Paredes, que también ejerce una suerte de oposición, fue electo con 38% y ahora tiene 52,3% de rechazo, habiendo perdido el apoyo de la ciudad de El Alto. Los prefectos de Oruro (Alberto Luis Aguilar) y de Potosí (Mario Virreyra), que apoyan al gobierno, serían ratificados por amplio margen.

Además, los referendos revocatorios han dividido el campo de la oposición. Mientras los prefectos de la «media luna» se niegan a comparecer, la principal fuerza opositora, el partido «Podemos» de Jorge Chucho Quiroga, ha dicho a través de su vocero, el congresista Walter Guiteras, que participará en la consulta.

Hoy se realizan elecciones de prefecto en Chuquisaca, precedidas por agresiones racistas de violencia sin igual en Sucre (ver nuestra nota del día 22). Antes, los choques motivados por el reclamo de la capitalidad para Sucre determinaron el abandono del cargo por parte del prefecto, que pertenecía al MAS. La actual candidata opositora es Savina Cuéllar, que antes fue constituyente del MAS y que parte como favorita ante Walter Valda, del oficialismo. Este denunció que desde la municipalidad y la Casa de Cultura municipal se hizo propaganda abierta por la candidata opositora. Los cables hablan de la «guerra sucia» en Chuquisaca.